Lescano plantea interpelación a Martín Vizcarra por Chinchero

El congresista de Acción Popular (AP), Yonhy Lescano, criticó lo que consideró marchas y contramarchas del gobierno, que hoy anunció que este viernes se firmará la adenda del contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero (Cusco) con la empresa Kuntur Wasi.

Como se recuerda, la firma de la adenda estaba programada para el 31 de enero, pero el gobierno suspendió la suscripción un día antes.

“Esas adendas eran perjudiciales a los intereses nacionales, porque casi todo el dinero lo pone el Estado, una obra que el mismo Estado podría hacer. Si esa obra y esa adenda está perjudicando al país, obviamente conllevaría a una interpelación también y responsabilidad política del ministro de Transportes”, manifestó Lescano a Canal N refiriéndose a Martín Vizcarra.

El parlamentario consideró también que “se está haciendo un contrato a favor de los privados”, considerando que casi todo el dinero de la inversión viene de parte del Estado.

A juicio del legislador Víctor Andrés García Belaunde, también de AP, el contrato con Kuntur Wasi está mal hecho. “Esta empresa no ha cumplido con el cierre financiero, porque no tiene capacidad financiera. Es una empresa insolvente”, señaló.

A su turno, el parlamentario fujimorista Víctor Albrecht consideró que el tema no da para una interpelación al ministro Vizcarra. Asimismo, aclaró que si bien hubo un pedido de la comisión Lava Jato, es el gobierno el que tiene que tomar las decisiones y no echarle la culpa al Congreso.

“Lo importante es que la decisión la tiene el Ejecutivo y que se tiene que oponer los pantalones para tomar las decisiones y hacer el aeropuerto que el Cusco requiere”, dijo.

—La polémica—
Si bien Ositrán emitió su opinión favorable sobre la adenda, Patricia Benavente, presidenta de este regulador, votó en contra y luego renunció al cargo. La funcionaria asegura que los cambios propuestos son perjudiciales al Estado, ya que ahora este asumía el 80,7% del financiamiento total de la obra, cuando originalmente solo le correspondía el 28,6%. Después de la adenda, el concesionario asumiría solo el 19,3%; y el Estado, el 80,7%.

Además, el que ahora el Estado proporcione el dinero (US$265 millones) desde el inicio para que el concesionario ejecute la obra ha generado la crítica de que en la práctica esta asociación público-privada (APP) se ha vuelto una obra pública, como cualquier otra. Pero con la diferencia de que, además, el contratista tendrá la concesión por 40 años del aeropuerto.

El Gobierno ha defendido que la adenda no afecta sustancialmente la condición de APP del proyecto, solo modifica la modalidad del pago del cofinanciamiento: ya no se pagará al sexto año, sino que se irá pagando desde el primer año conforme la empresa privada vaya avanzando la obra.

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