Martín Vizcarra: los argumentos de la nueva denuncia constitucional por el Caso Los Intocables de la Corrupción

El congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular) presentó un denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra el lunes pasado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión agravada, por el Caso Los Intocables de la Corrupción.

El legislador recogió en su denuncia la investigación que realiza el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) contra una presunta red criminal que habría liderado el exmandatario durante su gestión (2018-2020).

Según la hipótesis fiscal, la red se enquistó en Provías Descentralizado (PVD), una entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), para favorecer a empresas con licitaciones públicas a cambio de pagos ilícitos.

Ventura señaló en su denuncia constitucional que “el expresidente y presunto líder de la organización criminal se encargaba de nombrar a funcionarios claves en el MTC y Provías Descentralizado para favorecer a empresas privadas con licitaciones públicas fraudulentas”.

El legislador pedirá a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que evalúe el caso con prioridad, según señaló en la red social X (antes Twitter).

"Estamos cumpliendo con el procedimiento para que se ponga en investigación al expresidente. [...] Vamos a solicitar el levantamiento de su fuero político"

Héctor Ventura, congresista de Fuerza Popular

La subcomisión es presidida por la congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso) y permanece sesionando durante el receso parlamentario.

La denuncia constitucional - a la que accedió El Comercio - destaca la forma en la que habría operado la presunta organización criminal enquistada en PVD.

El documento detalla que, según la hipótesis fiscal, la red nombró a funcionarios claves en el MTC y PVD para concretar sus objetivos ilícitos. Además, presuntamente cobró el 3.5 % de los montos de las licitaciones a las empresas beneficiadas ilegalmente.

La denuncia añade que la supuesta red liderada por Vizcarra utilizó su influencia y poder para manipular decisiones gubernamentales en su beneficio. Además, mantenía poder y control del MTC y PVD “para evitar cualquier investigación o fiscalización”.

Sobre esta denuncia, el abogado Fernando Ugaz, defensor legal de Vizcarra, señaló a Canal N: “Son temas que se tienen que llevar a investigación. Tendrán su cadencia y nosotros esperaremos ser notificados para responder”.

Además, dijo: “A veces los congresistas necesitan cámaras”, en referencia a la denuncia de Ventura y otras presentadas contra el exmandatario por diversos casos, entre ellos el ‘Vacunagate’.

La denuncia constitucional contra Vizcarra menciona cuatro veces que este habría recibido dinero en maletines en Palacio de Gobierno, producto de coimas.

El Comercio ha revelado que, según la investigación fiscal, el exdirector ejecutivo de PVD Carlos Revilla Loayza fue quien habría llevado el dinero a Palacio.

El testigo en reserva TP-03-2023 aseguró a la fiscalía que una primera entrega se concretó en el 2018, y otra fue entre setiembre y octubre del 2019.

Según el relato, Revilla ingresaba a Palacio sin registrarse, llevando un maletín color negro, “que contenía en su interior gran cantidad [de] fajos de billetes nacionales de diversas denominaciones”.

Vizcarra ha negado estos hechos públicamente. El exmandatario acusa a su exasistente Karem Roca de ser la testigo en reserva que - según él- estaría mintiendo a la fiscalía por venganza.

Según los testimonios de un testigo protegido y dos testigos en reserva, en PVD hubo un grupo de funcionarios cercanos a Vizcarra que se encargó de manejar ilegalmente diversas licitaciones públicas. En este se encontraron personas que trabajaron con el expresidente cuando fue gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

La denuncia constitucional señala directamente a los exfuncionarios de PVD Carlos Revilla; Alcides Villafuerte, exgerente de Obras; Juan José Enciso, exmiembro de dos comités de selección de licitaciones; y Elizabeth Ugarte, excoordinadora de la dirección ejecutiva.

Además, el documento menciona a Edmer Trujillo y Carlos Estremadoyro, quienes fueron ministros de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Vizcarra.

Según la denuncia, Trujillo y Estremadoyro “serían los responsables de coordinar con Carlos Revilla y otros funcionarios para ejecutar las contrataciones ilícitas. Recibirían sobornos de las empresas beneficiadas”.

De acuerdo con las declaraciones de un colaborador eficaz y de los testigos, los exfuncionarios de PVD mencionados integraron el círculo cercano de Vizcarra conocido como ‘Los Moqueguanos’.

Excepto Villafuerte, el resto trabajó con Vizcarra en el Gobierno Regional de Moquegua, como destacó la Unidad de Investigación de El Comercio.

Vizcarra aún no es investigado directamente por el Caso Los Intocables de la Corrupción.

Por tratarse de presuntos delitos cometidos cuando fue presidente de la República, solo el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, puede iniciarle investigación.

En la denuncia constitucional, el congresista Ventura destacó que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder no tiene la facultad de investigar al expresidente.

Ese equipo está conformado por fiscales provinciales, bajo el liderazgo de la fiscal superior Marita Barreto. Por lo tanto, solo pueden investigar a funcionarios, empresarios y cualquier persona sin antejuicio.

Vizcarra goza del derecho al antejuicio.

La subcomisión debe dar cuenta de la denuncia constitucional presentada por Ventura. Luego tendrá 10 días hábiles para calificarla.

Si la denuncia se declara procedente, pasará a la Comisión Permanente en un plazo de 48 horas. Este grupo también verá la procedencia o improcedencia.

Si prospera, la subcomisión designará un congresista delegado. Este se encargará de recoger testimonios, pruebas que sustenten la denuncia y elaborará un informe del caso.

El informe será evaluado y sometido a votación en la subcomisión. Luego pasará a la Permanente y por último al pleno.

La denuncia en la subcomisión podría resolverse en tres o cuatro meses o demorar años.