"No estamos en un escenario en que las páginas web o las redes sociales suplan a los medios de comunicación", indicó Rodrigo Villarán, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. (Foto: Difusión)
"No estamos en un escenario en que las páginas web o las redes sociales suplan a los medios de comunicación", indicó Rodrigo Villarán, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. (Foto: Difusión)
Redacción EC

El director Ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, Rodrigo Villarán, afirmó que si bien es positivo el pronunciamiento de la contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados, esperaban el anuncio de la presentación de una acción de inconstitucionalidad y otras medidas legales.

"No es lo que esperábamos. Esperábamos una acción de inconstitucionalidad, pero nos parece positivo [...] Saludamos el gesto de la Defensoría del Pueblo de querer sumarse a la demanda del Gobierno", dijo a El Comercio Rodrigo Villarán, director ejecutivo del CPP.

En un comunicado, la Defensoría del Pueblo anunció que presentará un proyecto de ley para regular la publicidad estatal, así como un 'amicus curiae' ante el TC en defensa de derechos ciudadanos para que sea tomado en cuenta cuando se evalúe la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Gobierno contra la norma aprobada por insistencia en el Congreso.

Cabe recordar que, según la Constitución, además del presidente de la República, del Congreso (con firmas del 25% de parlamentarios) y la ciudadanía (con 5 mil firmas), otra persona jurídica que puede presentar demandas de inconstitucionalidad es la Defensoría del Pueblo.

"Es cierto que tiene esa facultad y podría haber activado ese procedimiento [...] pero nos parece positivo que se sume al esfuerzo del Ejecutivo a través de un 'amicus curiae', que es otro recurso que aporta elementos al TC para justamente advertir la vulneración de derechos fundamentales", añadió Villarán.

El representante del CPP también señaló que la Defensoría del Pueblo, como representante de la ciudadanía, podría haber planteado una acción de amparo con una medida cautelar que habría tenido un mayor alcance que cualquier recurso que presenten los gremios periodísticos individualmente.

"A diferencia de un amparo presentado por una organización puntual, una acción de la defensoría hubiese tenido efectos generales. En la práctica, hubiera dejado sin efecto una norma que nos parece inconstitucional", indicó en respaldo a esta posibilidad que planteó el constitucionalista Samuel Abad en declaraciones a El Comercio.