En el caserío Santa Rosa, en Piura, solo 23 familias han podido acceder al Bono 500. Sin embargo, son más de 800 las que requieren este subsidio. (Foto: Antonio Álvarez/ El Comercio)
En el caserío Santa Rosa, en Piura, solo 23 familias han podido acceder al Bono 500. Sin embargo, son más de 800 las que requieren este subsidio. (Foto: Antonio Álvarez/ El Comercio)
Graciela Villasís Rojas

Ha pasado año y medio desde que ocurrió el y, según un informe de la Contraloría General de la República, a la fecha solo se ha entregado S/2’500.000 de un presupuesto de S/72 millones asignado –a través del programa Bono 500– a los damnificados cuyas viviendas colapsaron o quedaron inhabitables por el fenómeno climático.

El dinero está destinado al alquiler de viviendas temporales para los afectados. De acuerdo a un informe de auditoría, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento “no viene asignando los recursos financieros al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) para realizar las visitas de inspección a las viviendas que han sufrido daños, retrasando su oportuna ejecución, generando el riesgo de que no se brinde la atención inmediata […] a los potenciales beneficiarios de la ayuda económica”.

El documento también indica que se ha identificado un 18,04% de filtración de beneficiarios que no cumplen con los requisitos del programa.

—Dinero en vez de módulos—
En noviembre del 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski emitió el Decreto de Urgencia 014–2017 con la finalidad de entregar un subsidio mensual de S/500 para los damnificados cuyas viviendas quedaron inhabitables. El programa está vigente hasta el 31 de diciembre de este año.

Carlos Bruce, ministro de Vivienda en ese período, implementó el Bono 500 tras las críticas de los damnificados, debido al material utilizado en los módulos temporales, así como por la demora para la instalación de las viviendas.

Entonces Bruce decidió reemplazar las casas temporales por dinero en efectivo destinado al arrendamiento de viviendas.

Ha pasado medio año y el Programa Bono 500 no ha cumplido el objetivo establecido. “De esos S/72 millones, verificamos que S/57 millones fueron transferidos por el Ministerio de Vivienda a Mivivienda, que es la que finalmente paga para que se haga todo el proceso. Sin embargo, Cofopri nos señala en ese momento que a ellos no les habían transferido los recursos necesarios para desarrollar sus actividades, especialmente las inspecciones físicas”, afirmó el gerente de Control de Megaproyectos de la contraloría, Luis Alonso Roba.

El Comercio corroboró esta información visitando a algunas de las familias que figuran en la lista de beneficiarios del Ministerio de Vivienda. Encontramos que en Piura varias de ellas tenían incluso más de una propiedad y que la mayoría usaba el beneficio económico para gastos personales.

También constatamos que quienes sí necesitaban la ayuda económica y cumplieron con empadronarse en Cofopri todavía no reciben el bono, debido a problemas de gestión en el Ministerio de Vivienda.

Por ejemplo, en el caserío de Santa Rosa, en Piura, solo 23 familias han recibido el Bono 500, cuando la mayoría necesita este subsidio. Algunas se han visto obligadas a alquilar inmuebles en condiciones precarias.

Esmelda Vílchez –madre de cuatro hijos– perdió su casa por las lluvias. Con el bono que percibe desde hace cuatro meses alquiló un cuarto con esteras a un familiar suyo. Vílchez contó a este Diario que por la habitación paga S/100 mensuales. Con el resto del dinero adquirió artículos de primera necesidad. “Compré mis cositas que se destruyeron porque no tengo ropero ni cama. No tengo nada”, relató.

La vivienda de Faustina Culupu de Inga fue destruida por El Niño costero. Hoy vive en la casa de sus hijos, ubicada a pocos metros de la propiedad colapsada. Ella afirma que el dinero que ahorra en alquiler lo emplea en comprar –de a pocos– los materiales necesarios para reconstruir el predio.

La versión de esta ciudadana y otras más que encontramos en el caserío de Cura Mori en Piura coincide con los hallazgos de la contraloría. “En este 18% [de filtración], encontramos personas a las que ya se les había otorgado un módulo de vivienda. Se acercaron diversas empresas privadas, diversas ONG y le entregaron un módulo.

Asimismo, detectamos que algunas de estas personas […] ya habían reconstruido y rehabilitado sus casas; es decir, habían puesto sus viviendas en situaciones de habitabilidad. También encontramos algunas personas que, además, tenían otra propiedad que estaba en buen estado de habitabilidad. A ellas no les correspondería recibir este beneficio”, explicó Roba.

—La respuesta de Cofopri—
Cofopri aseguró que para supervisar y visitar las viviendas colapsadas se necesita un presupuesto que debía ser entregado por el Ministerio de Vivienda, pero que este no se concretó. La entidad sostiene que no les han dado los recursos logísticos y operativos para que ellos puedan trasladarse al lugar de los hechos.

De acuerdo a la institución, el ministerio cuenta con un presupuesto de S/57 millones para ser destinados a los bonos, los cuales han sido transferidos en su totalidad al Fondo Mivivienda, entidad encargada del desembolso.

El monto cobrado a la fecha es de apenas de S/2’500.000, que corresponden a las 2.110 familias damnificadas que cumplen con todos los requisitos para acceder a este programa.

Cofopri tiene en lista de espera 24.593 solicitudes de potenciales beneficiarios que no perciben el Bono 500. Reconoce también que existen filtraciones. “A la fecha se han retirado 230 beneficiarios del programa por no cumplir con los requisitos del mismo”, indican en un comunicado.

En diciembre concluye el programa que fue diseñado para ayudar temporalmente a todas aquellas familias que se quedaron sin vivienda en 47 distritos de las siete regiones afectadas. Sin embargo, como lo señala el informe de la contraloría, no se cumple el objetivo de esta política pública. Al final, los damnificados no reciben ni viviendas temporales ni bonos.