La espera (sin plazo) de García, la columna de José Carlos Requena

El pedido de asilo de Alan García al Gobierno Uruguayo cambia, por enésima vez en lo que va del año, el eje del debate político. Cuando se pensaba que el referéndum, finalmente, contaría con un espacio en la esfera pública, las principales voces seguramente estarán abocadas a defender u oponerse a la solicitud de García, quien denuncia vivir “en un ambiente de persecución política”.

Curioso desenlace el que se da bajo el gobierno de alguien como Martín Vizcarra, quien, por razones familiares y personales, no podría ser acusado de poseer algún tufillo antiaprista. Como se recuerda, el actual mandatario es hijo del constitucionalista aprista César Vizcarra, quien también fue elegido alcalde provincial de Mariscal Nieto en 1966, por la Coalición Apra-UNO. No solo eso: el actual mandatario fue candidato del Partido Aprista al Gobierno Regional de Moquegua en el 2006, y quedó segundo con algo más de un cuarto de los votos en disputa.

El referéndum, pues, confirma su posición subalterna en un debate que en las próximas semanas girará en torno a la existencia o no de la “persecución política” que denuncia García.

Así, el perfil plebiscitario, mas no reformista, de las propuestas de Vizcarra podría tomar mayor fuerza. En la contienda, el pedido de asilo de García será visto como parte de la lucha anticorrupción del presidente, y podría terminar favoreciendo, aun más, su cómoda posición. Vizcarra, pues, parece haber encontrado –quizá sin haberlo buscado– un nuevo rival al que oponerse, ante la liquidación práctica de Fuerza Popular.

La solicitud de García es válida y puede resultar legítima si es que se toman como reales los argumentos que esgrime en su carta en la que pide el asilo. Pero difícilmente servirán para despejar las dudas que sobre él y sus gobiernos se ciernen. A pesar de la grandilocuencia resumida en su manido “a otros compran, a mí no”, a García se le sigue percibiendo como aquel presidente que lideró el gobierno más corrupto (35%), muy por encima de Alberto Fujimori (23%), Ollanta Humala (22%) o Alejandro Toledo (15%), según cifras de la encuesta nacional de Proética más reciente.

El paso de García, además, pone a Vizcarra a la defensiva. Su gobierno tendrá que enfrentar el reto de demostrar que la justicia es absolutamente autónoma e independiente. Algo particularmente desafiante si los actores políticos y los operadores judiciales no muestran la mesura y ponderación que han debido ser la regla, para evitar cuestionamientos. Entre el fiscal lenguaraz y el juez histriónico, por un lado, y los políticos en búsqueda de cámara, por el otro, bien podría estarse dando asidero a las quejas de García. La ayuda llegaría sola.

Aunque seguramente el tema seguirá acaparando los titulares en los próximos días, lo más probable es que la decisión que tome el Gobierno Uruguayo sea conocida en un futuro no muy cercano. Las declaraciones del canciller Rodolfo Nin Novoa a El Comercio son claras en tal sentido: “No hay plazo para darle una respuesta”.