“Explotemos juntos, Pablo”, una crónica por Fernando Vivas

Tanto poder en el Congreso y tanto andar a la defensiva ante el Ministerio Público impacientaron a Keiko Fujimori y a algunos correligionarios, especialmente a Daniel Salaverry, portavoz de su bankada. Denunciar constitucionalmente al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, fue un desahogo a la impaciencia.

Pero hay una pregunta que debemos responder con las fuentes de esta crónica. ¿Por qué Fuerza Popular (FP) se arriesgó a reavivar la peor de sus percepciones negativas, la del autoritarismo que ‘disuelve’ poderes del Estado? Los consultados contaron que son muy conscientes de ello y que, por eso, lo discutieron mucho en la comisión política (CP) del partido.

En la CP hubo voces moderadas como la de Miki Torres y Úrsula Letona, que pusieron objeciones a denunciar nada menos que a un fiscal de la Nación. Luz Salgado, que suele ser moderada ante iniciativas confrontadoras, estaba de licencia médica. Se impuso, entonces, con la venia de Keiko, la línea dura, presidida en este caso por Daniel Salaverry y Héctor Becerril. El combustible, cuentan, para decidirse a favor de la temeridad no solo fueron las investigaciones que comprenden a Keiko, sino el rumor de que venía una serie de investigaciones y citaciones a fujimoristas. Becerril fue citado como testigo en la investigación que sigue el fiscal José Domingo Castellanos por los cocteles y aportes de campaña. Lo vimos ante cámaras tomar las citas como una provocación.

Las fuentes dicen que el afán de denunciar a Sánchez fue anterior a buscar un motivo para hacerlo. Este resultó ser la supuesta inacción del Ministerio Público ante las responsabilidades de Graña y Montero en el Caso Lava Jato y no sorprende, pues es coherente con el enfrentamiento de Keiko con quienes, en su modo de ver las cosas, frustraron su triunfo. Y coincide con la aprobación en el pleno, el jueves pasado, de la modificación del Decreto de Urgencia 003, para extender las responsabilidades de las consorciadas con Odebrecht.

El viernes 6 de octubre, cuando Keiko, flanqueada por su cúpula, salió a denunciar que se sentía acosada por el Ministerio Público, anunció que emprendería acciones contra lo que consideraba una persecución. Pero no dio a entender ni por asomo que pretendiera acusar constitucionalmente a Sánchez. Su indignación se concentró en la decisión del fiscal José Domingo Pérez de investigarla bajo el marco de la Ley contra el Crimen Organizado (30077). Un día antes, se había conocido el texto de una resolución del fiscal José Castellanos que investiga a Alan García, con una comparación analítica entre el entorno de García y “organizaciones criminales tristemente célebres (mafia, Camorra, ‘Ndrangheta’, etc.)”; de modo que la criminalización excesiva de la política era un buen argumento para esgrimir contra el MP. Y, ciertamente, es debatible el uso de la 30077. Fuentes fiscales dicen que Sánchez está incómodo con ello, pero ese marco normativo se usa porque da más plazos y herramientas de investigación.

No todo fue queja en la declaración de octubre. Keiko destacó que la fiscal Sara Vidal archivó el 22 de setiembre, con “más de 200 páginas de sustento”, la investigación que la comprendía junto a Joaquín Ramírez. Para cerrar este punto, que tomará relevancia más adelante, Keiko criticó a Sánchez por haber dicho que iba a evaluar a la fiscal Vidal, lo que, a su modo de ver, era una represalia por no seguir la consigna de emprenderla contra el fujimorismo.

—Acusador acusado—
Sánchez, huidizo a las entrevistas, ha salido esta vez a defenderse públicamente con un argumento político y uno técnico. El primero es que el fujimorismo lo denuncia en represalia por la reapertura de la investigación a Joaquín Ramírez que involucra a Keiko Fujimori. El otro es que el Ministerio Público sí investiga a Graña y Montero. Hoy, en este mismo Diario, aclara que esas pesquisas son reservadas, pero la denuncia lo obliga a afirmar que existen.

Busqué a fuentes del MP y se explayaron en aquello en lo que Sánchez no quiere ser más explícito. Dijeron que el equipo de Hamilton Castro sí investiga a GyM y sus directivos como parte de las corroboraciones de las declaraciones del colaborador eficaz Barata sobre el conocimiento que los consorciados con Odebrecht podían tener del pago de coimas. Contaron que hacen peritajes contables buscando el rastro de posibles contribuciones a las coimas en el monto de las utilidades de la empresa. FP cuenta con lo llamativo que resulta a la opinión pública que José Graña y otros directivos de GyM no estén comprendidos abiertamente en las pesquisas del Lava Jato local. De ahí, la ligereza de no considerar la existencia de procesos reservados.

Ahora bien, el argumento de Sánchez de que la denuncia hecha el lunes 6 noviembre es una réplica a la reapertura de la investigación a Joaquín Ramírez hay que analizarlo cronológicamente. La fiscal Elizabeth Peralta recién tomó esa decisión el viernes 3 y empezó a notificar a los varios involucrados, terminando la relación el lunes, el mismo día que Salaverry lanzaba la bomba. Aun si lo hubiera hecho el viernes mismo, es claro que, como sostienen nuestras fuentes fujimoristas, Salaverry ya tenía lista la denuncia. Pero la suspicacia de Sánchez no deja de tener sentido: es posible que la acusación ya estuviera lista, pero la decisión de lanzarla se tomó el fin de semana, cuando, a través de los abogados de Ramírez u otros de los primeros notificados, Salaverry se enteró del caso reabierto y ese fue el detonante para autoconvencerse y convencer a su lideresa de acusar al primer acusador de la nación.

—Explosión naranja—
Ni la distracción popular ante el repechaje con Nueva Zelanda cambió el espíritu confrontador con el que Fuerza Popular arrancó la semana. El martes, la bankada decidió su respaldo unánime a Salaverry. En realidad, un hecho los obligaba a mantenerse en guardia. Un equipo de la fiscalía entrevistaba a Marcelo Odebrecht, el jueves en la tarde en Curitiba, y la guerra declarada a Sánchez podía servir para procesar mejor las inevitables filtraciones del interrogatorio.

En la tarde hubo una reunión de urgencia en el comando naranja en espera del reporte de los abogados en Brasil. Apenas este llegó y decidieron que podían interpretarlo a su favor, se dio la consigna de lanzar hurras en la bankada en el pleno. Un congresista ppkausa contó, divertido, que dos miembros de su bancada se contagiaron y también gritaron hurras, sin saber por qué. Al día siguiente, la Unidad de Investigación de El Comercio dio a conocer que el interrogatorio no fue tan favorable.

En resumen, investigaciones bajo la ley de crimen organizado, citaciones a congresistas y a la propia Keiko que podrían interpretarse como un sesgo antifujimorista en parte de la fiscalía sin que Sánchez lo corrija, el interrogatorio a Odebrecht pueden explicar la bomba naranja. Pero la reapertura del Caso Ramírez vuelve a brillar como posible razón esencial. Keiko había celebrado la resolución de “más de 200 páginas” que la cerró. La he revisado. Son, en realidad, más de 230 hojas, pero se agotan en un listado de diligencias y un breve y flojo sustento argumental. Salaverry ha reconocido públicamente su amistad con Ramírez y no se descarta –lo llamamos, pero no quiso colaborar con esta crónica– que la defensa de Ramírez lo presione a seguir adelante con la acusación.

Con un pie en el redil de la bankada y otro fuera, la congresista Yeni Vilcatoma tiene que tomar una decisión. Dos fuentes contaron que habría coordinado con Salaverry la presentación de otra acusación. La llamé para preguntarle si lanzaba su naranja atómica o desistía, pero tampoco respondió.

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