El primer ministro, Juan Jiménez Mayor, sostuvo esta tarde que el Gobierno continuará con el diálogo para solucionar los conflictos sociales en el país, pero afirmó que esto no significa debilidad ni dejar de lado el principio de autoridad ni el cumplimiento del orden jurídico, que garantizan la paz social.

“Somos conscientes que nuestro rol implica cuidar a todos los ciudadanos y lo haremos con firmeza. Confíen que el Gobierno sabrá dialogar, pero también defender al país de aquellos que buscan falsamente el diálogo o quienes lo desprecian”, manifestó durante su discurso ante el Congreso en búsqueda del voto de confianza.

El último viernes, cabe recordar, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, consideró que la labor de los facilitadores, los sacerdotes Gastón Garatea y Miguel Cabrejos, había concluido. De esta manera, el principal opositor al proyecto minero Conga rompió, una vez más, las conversaciones.

Jiménez Mayor también resaltó la creación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad y aseguró que esta representa “una apuesta por una política de prevención”.

“EL AGUA NO LE PERTENECE A NADIE” En la tercer punto de su discurso, el primer ministro se refirió a las medidas exigidas por el Gobierno del presidente Ollanta Humala para la operación de las empresas extractivas, entre estas las mineras. “Vamos a defender el derecho a tener un ambiente sano y equilibrado y por ello vamos a introducir reformas importantes que hagan que la inversión privada sea sostenible”, agregó.

Anunció que el Ejecutivo le enviará en los próximos días al Congreso un proyecto de ley que crea una entidad que tendrá la responsabilidad de certificar los estudios de impacto ambiental de los proyectos mineros y petroleros. “Se busca que este organismo promueva inversiones sostenibles y que evite conflictos”, manifestó.

El jefe del Gabinete señaló que se ha iniciado un “agresivo proceso de fortalecimiento de la fiscalización ambiental”. Puso como ejemplo que el Gobierno hará que la minera Antamina cumpla las normas ambientales en el caso del derrame de concentrado de cobre en Cajacay, en la región Áncash.

El primer ministro dijo que la actual administración garantizará el derecho al agua de todos los peruanos. “Se va a garantizar el goce de este bien para las futuras generaciones. Nadie señores congresistas, nadie, debe considerarse propietario del agua”, complementó.

En la parte final de esta parte de su discurso, Jiménez señaló que el Ejecutivo enviará próximamente el proyecto de ley que declara como derecho constitucional el agua.