(Foto: Archivo El Comercio)
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Delsy Loyola Jorge

Los periodistas Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, y Rosana Cueva, directora de “Panorama”, indicaron hoy que no acudirán a la citación de la programada para este jueves, a raíz de los audios difundidos en ambos medios y que involucran a jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura ().

Rosana Cueva sostuvo que es una falta de respeto que el grupo parlamentario pretenda conocer la “forma y circunstancias” en las que los medios periodísticos obtuvieron las grabaciones de las interceptaciones telefónicas, debido a que existe el principio de reserva de fuentes.

“Considero yo, de por sí, para empezar, una falta de respeto al oficio, a la carrera, al trabajo periodístico, en el que cualquier persona que está al tanto sabe que esto es uno de los compromisos más serios que tiene el periodista con su profesión: la protección precisamente de las fuentes”, aseveró a El Comercio.

La periodista señaló que si bien respeta al Congreso de la República, sería una pérdida de tiempo asistir a la sesión, pues no respondería “ninguna pregunta” relacionada a la forma con que realiza su trabajo.

A su turno, el director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, consideró que la intención de la citación de la Comisión de Fiscalización, que preside Rolando Reátegui (Fuerza Popular), es vulnerar el principio de confidencialidad de las fuentes.

“No voy a ir. Las razones son evidentes. Hay un principio básico y vital, ni siquiera es importante, es vital en periodismo, y sobre todo en periodismo de investigación, que es la reserva de fuentes”, manifestó.

Rosana Cueva señaló que pareciera ser que el objetivo principal del Congreso es “amedrentar, hostilizar y poder tener acceso a las fuentes de información”, en lugar de preocuparse por las conversaciones difundidas en los audios, que revelarían presuntos actos de corrupción.

Consideró que este hecho “es por lo menos una hostilización a la libertad de expresión”. Agregó que continuará con su trabajo de investigación.

En la misma línea, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera cuestionó que los miembros de la comisión estén “más interesados” en la forma que en el contenido de la denuncia.

“Me parece que ya es una acción política que apunta más claramente a perseguir al periodista, a perseguir a las personas o instituciones que denunciamos los temas de corrupción y sin duda significa un grave atentado contra la libertad de expresión”, aseveró.