Mateo Castañeda, de fiscal a defensor de políticos: Un perfil del abogado detenido por Eficcop

Tras ello, pasó a litigar y a ejercer la defensa de personajes político-mediáticos como el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, el congresista y fundador de Podemos, José Luna Gálvez, y, en este último tramo, incluso de la propia presidenta Dina Boluarte, tras el escándalo del Caso Rolex.

Mateo Castañeda, natural de Yanaca (Aymaraes, Apurímac), donde nació en setiembre de 1961, estudió derecho en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, de donde se tituló como abogado en octubre de 1984. Y empezó, prontamente, su carrera dentro del Ministerio Público, a lo que le dedicaría varios años, primero como abogado auxiliar, luego como fiscal adjunto provincial, fiscal provincial, fiscal superior y fiscal adjunto supremo.

En las páginas de los diarios limeños, el nombre del fiscal Mateo Castañeda Segovia aparece desde los 90′s. Por ejemplo, como fiscal ad hoc, solicitó denunciar por estafa en 1993 al presidente del directorio del Centro Latinoamericano de Asesoría Empresarial (CLAE), Carlos Manrique Carreño, cuando recién se empezaba a conocer el escándalo de estafa piramidal y su magnitud. Siguió de cerca el caso, participando incluso de diligencias para dar con su paradero.

Como fiscal de la Primera Fiscalía Provincial de Lima también participó en detenciones y otras diligencias fiscales del día a día, de bandas y asesinatos, apareciendo principalmente en las páginas policiales y locales de los diarios a lo largo de la década de los 90′s.

Castañeda también ha visto casos de terrorismo y narcotráfico. En 2006, por ejemplo, solicitó 25 años de prisión en contra de Óscar Ramírez Durand ‘Feliciano’, integrante de la organización terrorista Sendero Luminoso (SL).

En 2007, cuando ya era titular de la Primera Fiscalía Superior Especializada en Criminalidad Organizada, el policía que estaba asignado a su resguardo desde hacía cinco años y que aguardaba su salida, fue acribillado a balazos por unos desconocidos. Castañeda dijo entonces que no se iba a dejar intimidar y pidió investigar el tema.

Como fiscal, también investigó casos vinculados a corrupción. En el 2008, la Quinta Sala Anticorrupción absolvió al entonces congresista Santiago Fujimori, hermano del exmandatario Alberto Fujimori, por el caso de la compra del avión presidencial. Días atrás, el fiscal superior Mateo Castañeda había optado por retirar las imputaciones y el pedido de seis años de cárcel en su contra, por no haber hallado suficientes elementos.

Dentro del Ministerio Público, se reconoce que fue Mateo Castañeda quien presidió la comisión que elaboró el estudio para la creación de las fiscalías especializadas de lucha contra el crimen organizado, en la gestión de la exfiscal de la Nación Adelaida Bolívar.

En ese entonces, habían surgido redes criminales en el norte del país, principalmente en Trujillo, y la fiscalía —como institución— no tenía un sistema para poder hacer frente a ello. Tras la creación de este subsistema, Castañeda fue su coordinador, hasta su renuncia en setiembre de 2010.

“Después de un año de constantes reuniones, la comisión, presidida por el doctor Mateo Castañeda Segovia e integrada por el fiscal Tony García (…), la doctora Edith Hernández, (…); y quien habla (…) pudimos formular el proyecto ante la doctora Adelaida Bolívar. En un principio, ella lo presenta ante la Junta de Decanos en Cusco y, posteriormente, ante la Junta de Fiscales Supremos. Después de la revisión de estos dos entes del Ministerio Público, la doctora Bolívar convierte algunas fiscalías y crea así el sistema de crimen organizado”, recordó en una entrevista el fiscal Jorge Chávez Cotrina.

Pero hubo un punto en el que el nombre del fiscal Mateo Castañeda empezó a leerse en los diarios, pero al lado de investigados. Previamente, desde el 2008, Castañeda Segovia buscó ser designado como fiscal supremo, el segundo cargo más importante dentro de la fiscalía, solo después del fiscal de la Nación.

Tras no llegar a ser elegido por el entonces Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), tras varias idas y vueltas, el tema fue llevado por Castañeda Segovia a instancias judiciales, constitucionales e incluso, en el 2014, a la Corte-IDH. En el gobierno de Pedro Castillo, Mateo Castañeda buscó una “solución amistosa” ante la demanda contra el Estado que se mantiene vigente.

A inicios de 2012, Mateo Castañeda asumió la defensa del exalcalde de Lima y líder de Solidaridad Nacional Luis Castañeda Lossio por el Caso Comunicore. En enero de 2012, interpuso un hábeas corpus —el segundo que planteaba la defensa de Castañeda— ante el Juzgado Penal 18 de Lima para que sea excluido del proceso, lo cual ocurrió en agosto del 2013.

En su momento se cuestionó que Mateo Castañeda había sido fiscal coordinador de crimen organizado cuando la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) envió un informe relacionado al caso, y este último negó que haya estado a cargo de la citada pesquisa cuando ejerció como fiscal. “Yo no he participado en ninguna investigación contra (Luis) Castañeda Lossio. Yo no he sido el fiscal del Caso Comunicore”, dijo.

Además, desde aproximadamente el 2020, Mateo Castañeda también defiende al fundador de Podemos Perú y actual congresista de la República, José Luna Gálvez, quien es investigado por el Ministerio Público por presuntamente integrar una organización criminal y cohecho.

En diciembre de ese año, la fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Luna, siendo declarado infundado por el Poder Judicial y, en su lugar, se le dio detención domiciliaria.

A lo largo de los últimos años, Mateo Castañeda también defendió a personajes como el propio Antonio Camayo, vinculado al Caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Un dato interesante también es que cuando la actualmente suspendida fiscal suprema Patricia Benavides juró al cargo como fiscal de la Nación, en el 2022, uno de los presentes al evento fue precisamente el abogado Mateo Castañeda.

Recientemente, el nombre del exfiscal volvió a las páginas de los diarios cuando asumió la defensa legal de la mandataria Dina Boluarte, una vez que estalló el escándalo por el Caso Rolex. No se sabe con exactitud de dónde surgió ese acercamiento, pero lo cierto es que ambos son de Apurímac, de la provincia de Aymaraes.

Lo que sí, fue Castañeda quien aconsejó a la jefa del Estado declarar primero ante la fiscalía y luego a la opinión pública, lo que se prolongó por varias semanas antes de ensayar la versión de que los lujosos relojes eran, supuestamente, un préstamo.

“¿Por qué ha sido el motivo de mi demora? El responsable de esa demora, es el doctor Mateo Castañeda, quien me dijo: primero respondamos y declaremos ante la autoridad competente y después se dirige el país. Y eso es lo que estoy haciendo”, dijo Boluarte en conferencia de prensa intentando dar su versión de los hechos, luego de varios días de prolongado silencio.

Actualmente, a raíz de un requerimiento realizado por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Efccop), Mateo Castañeda se encuentra detenido por ser sindicado como el “brazo legal” de una presunta organización criminal, pues, de acuerdo con las investigaciones, habría buscado el archivo de una investigación en contra del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, quien también fue detenido.

Así las cosas, Castañeda volverá a los juzgados, pero esta vez tendrá que responder en calidad de investigado.

Como parte del caso denominado por la fiscalía como “Los waykis en la sombra”, también se detuvo este vieres —además de Castañeda y a Nicanor Boluarte— a otras cuatro personas:

Víctor Hugo Torres Merino

Amigo de la presidenta Dina Boluarte, y quién —según el programa “Cuarto Poder”— obtuvo contratos desde noviembre de 2021 por casi S/50.000 en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), cuando Boluarte era ministra. Es señalado de fungir como “operador” dentro de la presunta red criminal y habría participado en la construcción del partido Ciudadanos por el Perú (CPP), utilizándose prefectos y subprefectos.

Edwin Ugarte Nina

También señalado como parte del círculo de confianza de los Boluarte. Obtuvo contratos por, al menos, S/32.000 también en el Midis. Según la fiscalía, se habría encargado de acopiar los CV de los prefectos y subprefectos que iban a ser nombrados en el cargo.

Noriel Chinchay Salazar

Fue prefecto regional de Cajamarca, y también implicado en la presunta negociación de puestos de prefectos y subprefectos a cambio de conseguir las firmas para el partido CPP. Según la tesis de la fiscalía, “su rol (…) habría sido fundamental para que este partido político logre las firmas de los planillones ante el JNE”.

Zenovia Herrera Vásquez

Sin ocupar algún cargo público y valiéndose como coordinadora regional del partido CPP, habría captado personas para los cargos de prefectos y subprefectos y habría solicitado dinero, según la fiscalía. Es señalada como presunta “coordinadora” y “operadora” de la presunta organización criminal.