Violeta pide a Salaverry reglamentar sistema de designación de auditor

El vocero de Peruanos por el Kambio (PpK), Gilbert Violeta, saludó que el Congreso haya aceptado la propuesta que le realizó la Contraloría General de la República para que designe a Paula Martínez como nueva auditora general de ese poder del Estado.

Sin embargo, Violeta señaló que esto debe ser trasladado a la normativa vigente y establecerse que esta entidad es la encargada de realizar el nombramiento de un auditor y no dejar la posibilidad de que sea el propio Parlamento quien lo haga.

“Creo que es un buen gesto político que saludamos y felicitamos porque, pese a que ya lo habíamos pedido antes, había existido alguna resistencia. […]. Sin embargo, hay que decir que esta debería ser la regla, no una excepción”, indicó Gilbert Violeta a El Comercio.

El legislador oficialista hizo un llamado al presidente del Congreso, Daniel Salaverry (Fuerza Popular), “para que esto no quede solamente como un gesto político”. “El mejor gesto es que se convierta en una modificación normativa”, apuntó.

Gilbert Violeta recordó que su bancada presentó un proyecto de ley para que ninguna entidad del Estado pueda elegir a su propio auditor ni esté exenta del sistema de control. En esta iniciativa también se propone modificar el Reglamento del Congreso en ese sentido.

“¿Qué pasa si es que la contraloría propone a una persona y que no es del agrado del Congreso? ¿Lo devuelve hasta la próxima propuesta que sea de su agrado? ¡No!”, expresó Gilbert Violeta.

El vocero de Ppk también exhortó a que este proyecto de ley sea finalmente agendado en las comisiones a las que ha sido derivado.

“El auditor no necesariamente es del agrado de la institución que va a ser auditada”, mencionó Violeta, al destacar la importancia de darle celeridad a su revisión.

Hace unos meses se realizó una modificación a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, con la que se estableció que el órgano de control designaba a los auditores de todas las entidades públicas, con excepción del Poder Legislativo. Una medida que sigue vigente hasta la fecha.