La operacin en la que se incautaron 9.000 tablares de madera esta semana en el recin creado Parque Nacional Sierra del Divisor (Ucayali y Loreto) demuestra que la declaracin de zonas intangibles no impide que las actividades ilcitas, como la tala ilegal, persistan.
El 17% del territorio nacional (ms de 22 millones de hectreas) es intangible. Son 77 las reas naturales protegidas por el Estado debido a su alto valor cultural, paisajstico y cientfico y a que su biodiversidad est en peligro de extincin. Sin embargo, pese a este estatus jurdico, al menos cinco de ellas estn amenazadas por la minera y la tala ilegales.
Las reas naturales protegidas alcanzan esta categora luego de una evaluacin tcnica realizada por el Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y tras la opinin de representantes de otras entidades del Estado, del sector privado, de voceros de ONG y de comunidades de la zona. Luego de ser considerada rea natural protegida, se elabora un plan maestro que fija los lmites del rea, las actividades que all se pueden realizar y la responsabilidad de vigilancia de cada autoridad.
Este proceso puede durar varios aos, tal como ha sucedido con el Parque Nacional Geppi-Sekime y el Parque Nacional Sierra del Divisor. Ambos han tenido que esperar 15 y 9 aos para ser categorizados.
Precisamente, este gobierno es el que ha logrado darles esa categora. Un nivel que otras nueve zonas reservadas esperan alcanzar.
Por qu la demora? Segn el jefe del Sernanp, Pedro Gamboa, la poltica del Gobierno ha sido concluir los procesos iniciados para no crear reas naturales solo en el papel. Nosotros queremos un compromiso mayor: creo una zona reservada e inmediatamente establezco su comit de categorizacin y que se concluya, dice.
En peligro
Crear un rea natural protegida no es garanta de la ausencia de actividades como la minera y la tala ilegales. Sernanp reconoce que hay cinco reas naturales que tienen este problema. Se trata de Sierra del Divisor (Loreto y Ucayali), Cordillera del Cndor (Amazonas) y Huascarn (ncash), as como las reservas Tambopata (Madre de Dios) y San Fernando (Ica).
Para Lelis Rivera, presidente de la ONG Cedia (Centro para el Desarrollo del Indgena Amaznico), esta responsabilidad escapa de las manos del Sernanp y obedece a una falta de coordinacin multisectorial, sobre todo entre gobiernos regionales y locales.
Segn Pedro Solano, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el problema se origina porque el Gobierno no identifica la importancia de este patrimonio como una poltica de Estado y, por ende, no le destina esfuerzos ni recursos suficientes.