Juan Carlos OrtechoPeriodista
Al ex presidente de la FPF, Manuel Burga, se le imputan tres delitos comprendidos en 5 de los 92 cargos presentados por la Fiscalía estadounidense.
Cargo 1: Conspiración de crimen organizado (Racketeering conspiracy)
Como en el caso de los demás acusados, esta imputación se hace en el marco de la Ley RICO, implementada por Estados Unidos desde la década del 70 con el fin de desarticular organizaciones ilícitas como la mafia y los cárteles criminales. El fondo del asunto, es que en la parte considerativa de la denuncia, la fiscalía determina que las confederaciones de fútbol, como la CONMEBOL por ejemplo, son empresas criminales (“criminal enterprise” la llama) cuya razón de ser es precisamente el manejo de un negocio irregular, valiéndose de actividades ilícitas como el soborno, el fraude, el lavado de dinero, entre otras. El simple hecho de tener participación en esta organización te convierte en un sujeto susceptible de ser denunciado.
Cargo 2: Conspiración de fraude electrónico en el Caso Copa Libertadores #2 (Wire Fraud Conspiracy) y Cargo 3: Conspiración de lavado de dinero en el Caso Copa Libertadores (Money Laundering Conspiracy)
Entre las páginas 75 y 80 de la denuncia se hace referencia a cómo una empresa con sede en Islas Caimán denominada T&T Sports Marketing Ltd, se hizo de los derechos exclusivos de transmisión de la Copa Libertadores, el torneo continental de clubes de mayor importancia en Sudamérica. T&T era en realidad una filial de Torneos y Competencias, el gigante de marketing deportivo argentino manejado por el ahora colaborador de la justicia estadounidense, Alejandro Burzaco.
A partir del año 2000, y a cambio de esos derechos exclusivos, T&T comenzó a pagar sobornos a los dirigentes con mayor peso tradicional de CONMEBOL, es decir al presidente Nicolás Leoz (hoy con arresto domiciliario) y a los representantes de Argentina, Brasil y Uruguay a un ritmo de casi un millón de dólares anuales para cada uno.
Dice la fiscalía (punto 182), y basándose en la confesión sincera del encausado Alejandro Burzaco, que en el 2009, un bloque conformado por seis de las naciones con menor peso tradicional, (El llamado “Grupo de los Seis”) entre los cuales estaba Perú, intentaron ganar mayor control en la toma de decisiones en el seno de CONMEBOL y desde entonces pidieron que la torta de sobornos por la Copa Libertadores se repartiera entre ellos también.
Dice Alejandro Burzaco que desde ese entonces él comenzó a pagar sobornos de un “monto anual de seis cifras” (es decir de hasta 1 millón de dólares anuales), a cada uno de los miembros del “Grupo de los Seis”).
No se precisa la manera en que Manuel Burga habría recibido este supuesto soborno, pero por su intervención en este negociado de derechos de transmisión y el haber recibido dinero a cambio la fiscalía estadounidense lo acusa formalmente de fraude electrónico y lavado de dinero.
Cargo 4: Conspiración de fraude electrónico en el Caso Copa América Centenario (Wire Fraud Conspiracy) y Cargo 5: Conspiración de lavado de dinero en el Caso Copa América Centenario (Money Laundering Conspiracy)
Desde las páginas 140ª 149 de la denuncia se da cuenta del Caso Copa América Centenario. Ahí se explica cómo en mayo del 2014 en Miami y con la presencia de todos los presidentes de las confederaciones sudamericanas (entre ellos el peruano Manuel Burga), se anunció que la Copa América Centenario, una edición extraordinaria del torneo continental, se realizaría en los Estados Unidos en el 2016.
Los términos del contrato que firmaría con Conmebol con DATISA, una nueva empresa que habían acordado constituir los hoy procesados Alejandro Burzaco, Mariano y Hugo Jinkis y Joseph Hawilla, ya se habían discutido detrás de cámaras.
Se pagarían US $ 317. 5 millones por los derechos de márketing de las siguientes cuatro Copas América y un “bono” de US $ 100 millones destinados a ser pagados en cinco armadas de US $ 20 millones para los 10 presidentes de Conmebol.
La fiscalía estadounidense dice que el 25 de mayo del 2013 en Londres se suscribió el contrato entre DATISA y Conmebol y que Manuel Burga está entre los firmantes. Luego se documentan transferencias bancarias entre los empresarios participantes del contrato (no los dirigentes) desde cuentas en Miami a otras en Zúrich por un total de US $ 13.333.333. Dice la fiscalía que estas transacciones constituían pagos compensatorios entre los empresarios y por su participación en el contrato suscrito con ellos, Manuel Burga Seoane es acusado también de fraude electrónico y lavado de dinero.
Igual que en el caso Copa Libertadores, no se precisa la manera en que Manuel Burga habría recibido este supuesto soborno que le correspondía a cada federación por la cesión de derechos comerciales de las Copas América.
*Esta nota es parte de un artículo que Juan Carlos Ortecho escribió para Útero.pe.
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