Mujeres en el Estado y la política: Menos del 30% accede a puestos directivos y ni el 10% a liderazgos locales

La foto por género del 2024 en el Perú mantiene relegadas a las mujeres de los puestos de dirección más altos y de la política subnacional. Si bien en algunos espacios del Estado –como el Congreso de la República, las carteras ministeriales y las secretarías generales del Ejecutivo– el apunte hacia la paridad es mayor, en mandos medios y sillones de poder regional y local, la valla de oportunidades para las funcionarias y lideresas sigue siendo bastante alta.

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En direcciones generales de ministerios, por ejemplo, ECData identificó que las mujeres representan solo el 28,39% del total. Es decir, de las 155 oficinas, únicamente 44 han sido confiadas a funcionarias, frente a 111 lideradas por sus pares varones. Entre los 35 directorios de empresas públicas, el cargo principal de las presidencias es ocupado por 6 mujeres, equivalente a un 17,14%.

Pero el ejercicio de la representación política en el país tiene aún menos presencia femenina. Tras las elecciones subnacionales del 2022, ejercen cargos de elección popular solo 2 gobernadoras, 8 alcaldesas provinciales y 94 alcaldesas distritales. La situación es ampliamente desigual si se toma en cuenta que el mapa electoral se divide en 25 regiones, 196 municipios provinciales y 1.694 comunas, donde el acceso de autoridades masculinas supera el 92% [ver interactivos].

De acuerdo con el informe anual “La Mujer en el Servicio Civil Peruano”, publicado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), el grado de instrucción entre los servidores del Estado es mayor en mujeres que en hombres. Al menos hasta el 2021, laboraba en el aparato estatal un 46,1% de mujeres con título universitario, frente a un 40,5% de varones. Otra prevalencia de mujeres es el de las que cuentan con carreras no universitarias: un 26,5% frente al 21,9% de sus pares hombres. Pero la preparación educativa contrasta con la cifra de puestos técnicos clave.

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“En los tres niveles de gobierno, son más las servidoras públicas que tienen educación superior universitaria y superior no universitaria. Pero hay que fijarnos en algo que no necesariamente hace tanto sentido: el 43% de las mujeres que han entrado al Estado en los últimos años se concentra en puestos de auxiliares o de carreras especiales. Es el grupo ocupacional más bajo [en exigencia técnica y expectativa salarial] de la gestión pública. Claramente, no hay una correlación persistente entre el nivel educativo de las mujeres y su inserción en puestos específicos o altos. Decir que no hay mujeres calificadas no es una afirmación correcta”, explicó la ex presidenta de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), Janeyri Boyer, en diálogo con El Comercio.

El mismo documento de Servir muestra, además, que solo tres de cada diez personas en cargos directivos son mujeres y que regiones como Cusco, Ayacucho, Apurímac, Moquegua, Madre De Dios, Tacna y Amazonas la disparidad entre géneros es aún mayor. Boyer, quien también es consultora externa del Banco Mundial y profesora en la PUCP, añade que existen factores de difícil reajuste para equilibrar la balanza.

“Hay realidades que pesan mucho más sobre las mujeres funcionarias. Las labores de cuidado de la familia, la jefatura del hogar y la administración de lo doméstico, que son responsabilidades que comúnmente recaen en las mujeres, determinan, de alguna manera, decisiones sobre la cantidad de horas de trabajo o menores aspiraciones a cargos demandantes, como los de directivos. Entonces, termina siendo casi incompatible para las mujeres encontrar un equilibrio que no implique sacrificar responsabilidades culturalmente establecidas”, comenta la exfuncionaria.

Con respecto a la brecha salarial entre puestos ocupados por mujeres y por hombres, Boyer advirtió que la falla es general “y se llama inexistencia de una política remunerativa”.

Históricamente, en casi todos los cargos de más alta función pública, las mujeres recién conquistaron espacio pasado el nuevo milenio. A los puestos en instituciones de mayor antigüedad –la presidencia de la República y la presidencia del Poder Judicial– llegó una primera mujer más de 199 años y 196 años después, respectivamente. Vale aclarar que, en el caso de la mandataria Dina Boluarte, el hito fue consecuencia de la destitución de Pedro Castillo en el 2022.

Fue hace apenas 68 años, en 1956, que a las mujeres peruanas se les reconoció constitucionalmente el estatus de ciudadanas y votantes. Las más de seis décadas transcurridas, sin embargo, no han repercutido sustancialmente en el fuero de la elección. Esto, pese a la implementación de cuotas de género y mecanismos de regulación similares. En el caso del Parlamento, del 2001 al 2021 han accedido a escaños un total de 230 mujeres, mientras que los legisladores electos han sido 650.

En el marco de las últimas seis elecciones regionales y municipales, conjuntamente entre el 2002 y el 2022, solo 6 mujeres han llegado a conquistar gobiernos regionales, mientras que 39 lograron lo propio en provincias. En las alcaldías distritales, el total es de 372 mujeres frente a 9.425 hombres en esa misma suma de años.

Para la politóloga Belén Elías, uno de los más importantes avances ha sido la entrada en vigor de la Ley Nº 31030, que aseguró en los comicios del 2022 la paridad y la alternancia en las listas de candidatos. El efecto fue desigual, no obstante, y tuvo mayor notoriedad en los resultados de vicegobernadoras.

“La paridad, como reforma, ayudó a desmitificar retóricas y desmontar prejuicios que, sobre todo en el discurso partidario, restringían la participación política de las mujeres. Por ejemplo, los partidos alegaban antes que no existían mujeres para postular a cargos de elección, pero la realidad demostró lo contrario. Si la cifra histórica al 2018 era de un promedio de 10% de mujeres candidatas a la gobernación, en el 2022 se triplicó. Entonces, sí habían mujeres aspirantes a esos puestos. Lo mismo ocurre con lo que se dice de mujeres políticas inexpertas, pues cuando vemos los perfiles, las candidatas ya han participado en otras oportunidades”, dice.

La especialista remarcó que la resistencia entre las organizaciones políticas a impulsar y visibilizar liderazgos femeninos es difícil de erradicar, aun cuando se diseñan leyes con ese propósito.

“Fue evidente en la última experiencia electoral, cuando pese a existir una regulación vigente sobre paridad horizontal y vertical en las listas de candidatos, hubo organizaciones que incumplieron con lo dispuesto, arriesgando su participación en general y su inscripción. Hay una resistencia a pluralizar el escenario político, que parte de las élites, pero también está el hecho de que los partidos no guardan mucha disposición de colocar a mujeres en postulaciones expectantes. Por supuesto, hay mucha discrecionalidad. Pesan mucho las redes de lealtad, las redes familiares, el poder adquisitivo para pagar campañas llamativas. Y no podemos olvidar que las mujeres parten de un campo de desventajas, donde además se puede dar el acoso político”, expresa Elías.

De acuerdo con Servir, al 2021 el 40,8% de mujeres en la fuerza laboral pública estaba en el rango de 45 a 64 años. En un 37,4%, las trabajadoras tenían entre 30 y 44 años. Las más jóvenes, menores de 29 años, solo conformaban el 19.5%. En entrevista con este Diario, la abogada especialista en políticas públicas con enfoque de género y gerente de Trenzar - Consultoría para el Desarrollo Social, Andrea Casaretto, estima que estos datos no son menores al momento de pensar en el futuro.

“Postergar la vida personal por sobre la profesional o viceversa, cuando ya se tiene una edad significativa, es una limitación que tiene repercusiones en la línea de carrera y en la competitividad laboral. Otro punto es la masculinización de ciertos sectores. Existen sectores convencionalmente identificados con mujeres, como el Ministerio de la Mujer o el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Pero si hacemos un recuento de dónde están las mujeres en el Poder Ejecutivo, podemos notar diferencias numéricas en sectores como Economía y Finanzas, Energía y Minas, Defensa e Interior”, señala Casaretto.

Belén Elías sostiene que resulta imperativo un cambio de cultura dentro de las cúpulas partidarias, a fin de generar espacios llanos para ambos géneros e, incluso, facilitar la formación de más lideresas.

“Yo no soy muy entusiasta con el diagnóstico futuro, pero sí creo que, al menos, ese aumento en la representación denoscriptiva, ese aumento numérico, sí provee a las mujeres que participaron en estas últimas elecciones la experiencia política, que asegura aprendizajes y mayor dominio en próximas oportunidades. No es suficiente porque termina siendo a costa de las fallas del sistema político, como lo hemos visto, con partidos que apenas cumplen con la paridad alternada en vicegobernaciones y coloca a sus candidatas en ese tope, mientras que mantienen postulaciones a alcaldías masivamente masculinas. Pero, por el momento, podemos rescatar que hay experiencias ganadas entre mujeres con perfil político”, indica la politóloga.