Como parte de las propuestas encaminadas a disminuir el déficit cualitativo de las viviendas y propiciar el cumplimiento de estándares ambientales en la construcción y edificación, tal como refiere en su plan de gobierno, el partido Fuerza Popular (FP) de Keiko Fujimori plantea el regreso del Banco de Materiales (BanMat).
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Al igual que en los años en los que estuvo en vigencia, esta vez –según la propuesta– la entidad también brindaría préstamos destinados a financiar la compra de materiales de construcción.
Pero, aprobado su proceso de disolución y liquidación en el 2012 –después de 32 años de haber sido creado–, debido a que su patrimonio era negativo, y con más de 225.000 personas con deudas vigentes, ¿hasta qué punto resulta viable rescatar una entidad financiera como el BanMat?, ¿acaso Techo Propio con Construcción en Sitio Propio no cumple con el mismo objetivo?
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En efecto, para Juan Carlos Tassara, presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), el programa Techo Propio en su modalidad de mejoramiento de vivienda viene cubriendo “en parte” el rol del ex BanMat, por lo que “pretender relanzarlo podría ser un error”, sobre todo si se pretende hacerlo con los mismos objetivos, características y alcances que tenía antes de ser liquidado.
Explica que la diferencia entre Techo Propio y el ex BanMat radica en que mientras el programa actual trabaja a través de entidades técnicas que ejecutan las obras con cargo al presupuesto del subsidio no reembolsable asignado a la familia (BFH); el ex BanMat realizaba préstamos directos a las familias como capital para los gastos relacionados a la compra de materiales y al proceso de ejecución de la obra.
“Este mecanismo generó filtraciones, desviaciones del destino de los recursos y una enorme tasa moratoria de los créditos otorgados, moratoria que regularmente fue cancelada por diferentes leyes en beneficio de los prestatarios, generando pérdidas y el posterior quiebre del ex BanMat”, señala.
VIVIENDA INSEGURA
De la misma opinión es Justo Cabrera. Para el docente de la maestría en Gestión y Desarrollo Inmobiliario de ESAN, “es un despropósito rescatar un sistema como el Banco de Materiales”.
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Considera que de tomarse esa decisión, “los amigos de los políticos serán los grandes beneficiarios a costa de nuestros impuestos”, por lo que también se muestra en desacuerdo con la promesa de disminuir el déficit cualitativo en las viviendas existentes de las zonas menos favorecidas reforzando su cimentación, poniéndoles piso de cemento o paredes de ladrillo, como señala el plan de gobierno de FP.
“Eso es populismo puro. Es condenar que las familias acepten que pueden vivir sobre un relleno sanitario o lugares sísmicamente inseguros o propensos a desastres. Hay necesidad en la población, pero también un tráfico inmenso de terrenos que forma parte de la economía informal que debe ser eliminado. Al Estado le cuesta menos promover habilitaciones urbanas de forma ordenada y en conjunto con los privados que llevar a cabo tales despropósitos”, asegura.
Muy por el contrario, Fernando Velarde, cofundador y gerente general de Ve-Más, sostiene que el rescate del BanMat sí “podría servir al sector de autoconstrucción y también para las zonas rurales”, pero advierte que sin un manejo adecuado de la ley de propiedad, se estaría potencialmente facilitando la ocupación ilegal de terrenos, sin contar el riesgo que conlleva el vivir en laderas de cerros, riveras de ríos, líneas costeras y en otras zonas de riesgo geológico o con conflictos de propiedad (huacas, terrenos privados, iglesia, entre otros).
“Eso implica que el Estado no puede darles agua, desagüe y otros servicios que incentiven que se siga creciendo en densidad porque se pone en riesgo la vida de los residentes. No se puede simplemente brindar materiales, títulos y obras para resolver los problemas de cada zona vulnerable, son problemas demasiado ad hoc y deben ser abordados desde la ley de suelos, los planes urbanos y programas sociales”, afirma.
REDEFINIR ROLES
Pero, debido a que la capacidad de compra de una vivienda digna para las familias de los niveles socioeconómicos más bajos –como señala Gino Layseca, gerente general de Layseca Asociados– “es casi imposible”, el ejecutivo considera que si se desea disminuir la demanda cualitativa de vivienda, una forma de hacerlo sería mediante “un subsidio a través del Banco de Materiales”.
De obtener luz verde la propuesta de Fuerza Popular advierte que “su buena gestión dependería exclusivamente de sus autoridades”.
En esa misma línea y de persistir con su rescate, Juan Carlos Tassara de ASEI sugiere la importancia de “redefinir su rol para evitar y mitigar los problemas que surgieron anteriormente”.
Indica que en la actualidad el Fondo Mi Vivienda funciona como un banco de segundo piso y otorga líneas de crédito a entidades financieras que son trasladadas al cliente final como un producto de la banca comercial. Pero, de aprobarse el relanzamiento del BanMat este se constituiría como una especie de banca de primer piso, “generando distorsión en el mercado, mediante competencia desleal, y el aumento de riesgo crediticio para esta nueva entidad”.