Si bien las previsiones de crecimiento para el 2017 se muestran ms auspiciosas que las cifras que deja el ao que se fue, tambin es cierto que para que estas se concreten, el Gobierno debera poner especial nfasis en aquellas reformas que le permitan continuar cosechando algo ms que nmeros positivos.
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Pero, para que esas reformas surtan efecto y, como consecuencia, la economa contine creciendo, es necesario reducir el dficit de infraestructura y los altos ndices de informalidad, dos de los desafos ms importantes que debern enfrentar Pedro Pablo Kuczynski (PKK)y su gabinete durante el ao que recin empieza.
INFRAESTRUCTURA Pasando revista a la situacin actual, la brecha en infraestructura estimada por AFIN y la Universidad del Pacfico (UP) para el perodo 20162025 asciende a US$159.549 millones, lo que supone una inversin anual de US$15.955 millones. Es decir, para cubrir lasnecesidades de siete sectores, es necesario destinar 8% del PBI.
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Si bien los sectores que concentran la mayor demanda de infraestructura son transporte y energa, no deja de llamar la atencin el hecho de que aquellos que estn enfocados en la provisin de servicios sociales bsicos como salud, agua y saneamiento y educacin, representen el 23% de la brecha total.
Pero, si durante este ao y el prximo como asegura el BCR, la economa peruana sustentar su crecimiento en la ejecucin de los principales megaproyectos entregados en concesin y en los anuncios de nuevas concesiones, ser posible avanzar en la reduccin de la brecha en infraestructura?
Haciendo eco de sus propias promesas de campaa, el gobierno de PPK culmin el 2016 con la aprobacin de tres importantes reformas encaminadas a favorecer la inversin. As, se prioriz la ejecucin de 55 proyectos que suman cerca de US$15.000 millones, lo que aunado a los proyectos en proceso de destrabe (US$10.000 millones), se reflejara en un impulso a la inversin a partir del 2017,segn el ministro de economa Alfredo Thorne.
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Pero aunque dichas cifras entusiasmen a muchos, an estn lejos de cubrir la brecha. Para Gonzalo Prial, presidente de AFIN, la urgencia de contar con un plan nacional de infraestructura (tarea de la que se har cargo Pro Inversin) se hace cada vez ms evidente, pero basado en una apropiada seleccin y priorizacin de proyectos consensuados, que cierren brechas y no correspondan a impulsos polticos.
Esperamos que se lance el primer plan, aunque sea a dos aos y luego se podr aadir ms aos. Esto es necesario para atraer mspostores, pero alimentar el fondo de infraestructura es otra seal que estimular a los inversionistas. Un pas que cuenta con un plan a mediano plazo y un fondo de infraestructura, que logra ejecutar proyectos en tiempo y presupuesto, es atractivo para invertir, es un lugar seguro y confiable. De eso se trata, refiere.
Aunado a ello y, tras la aprobacin de la reestructuracin, fortalecimiento y descentralizacin de Pro Inversin, Flavio Ausejo, profesor de la Escuela de Gestin P- blica de la UP, pone en duda los resultados que se esperan lograr con esa medida. No solo porque no ve con buenos ojos la inclusin de personas independientes en su directorio, sino porque tampoco confa en la capacidad de las regiones para mejorar la calidad de los proyectos.
Pensar que con eso se va a mover en 10 puntos la ejecucin presupuestal, no lo s. Necesitamos ver el reglamento porque tal y como est planteada la reestructuracin, estamos hablando de un Pro Inversin difuso, pero hay que mirar esas decisiones en trminos positivos, sostiene.
Por lo pronto, Gonzalo Prial considera que auncuando las APP, las iniciativas privadas y el mecanismo de obras por impuestos, junto con las obras pblicas, son los vehculos que el pas necesita para cerrar la brecha en infraestructura, Este ao se podra llegar a gastar US$3.000 millones en proyectos de APP destrabados, ms otros US$2.000 millones en nuevas adjudicaciones de iniciativas estatales en el tubo de Pro Inversin hace aos.
INFORMALIDAD En tanto que lograr que se destine el 8% del PBI (US$15.955 millones) al cierre de la brecha en infraestructura, como sugiere un estudio de AFIN, se podra alcanzar recin en el 2019, aunque un objetivo razonable sera que al menos 3,5% del PBI anual se invierta en APP.
En cuanto al tema de la reduccin de la informalidad de 71% a 40% en el 2021, las polticas del Gobierno dirigidas, hasta el momento, para alcanzar este objetivo son mnimas e insuficientes, segn los especialistas.
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No obstante, hay reformas como la educacin y salud que, en el largo plazo, tendrn efectos positivos en la reduccin de informalidad, aaden los expertos. Por el lado de las polticas dirigidas, el Gobierno ha dado normas tributarias que buscan incentivar la formalidad. Pues, aprob un beneficio para que las pequeas y medianas empresas puedan obtener recuperacin anticipada del IGV siempre y cuando realicen compras de bienes de capital.
Asimismo, aprob el Decreto de Sinceramiento de Deudas, para que las obligaciones tributarias de una UIT o menos, de las pequeas y medianas empresas con facturacin inferior a 1.300 UIT al ao, sean condonadas.
Tambin aprob que los trabajadores domiciliados puedan deducir los gastos de vivienda (alquiler e intereses de crditos hipotecarios), honorarios mdicos y odontolgicos, servicios profesionales y las aportaciones a Essalud que realicen los empleadores por sus trabajadores del hogar paradeterminar su Impuesto a la Renta, hasta el lmite anual mximo de tres UIT.
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Para el profesor e investigador de la UP Pablo Lavado, todas estas medidas tributarias tendran poco impacto significativo en la informalidad.
El economista argumenta que el 88% del empleo informal est concentrado en las empresas de entre 1 y 10 trabajadores y la principal causa de la informalidad, en estas unidades productivas, es la baja productividad de los trabajadores, asociada a sus bajos niveles educativos, tanto en calidad como en cantidad.
En el mismo sentido Arturo Tuesta, socio lder de Servicios Legales y Tributarios de PwC, sostiene que en el Per hemos tenido regmenes tributarios como el RUS y el RER que en el tiempo no han logrado formalizar a nadie. De la misma opinin es Jorge Toyama, abogado laboralista del estudio Miranda Amado.
El especialista diceque, por ejemplo, los sobrecostos laborales tampoco estn entre las principales causas por las que las microempresas son informales.
Seala que, en la actualidad, el costo laboral para las microempresas est en financiar a sus trabajadores 15 das de vacaciones y Essalud. Sin embargo, no se han formalizado.
En el caso del grupo de empresas de entre 11 y 50 trabajadores (pequeas y medianas), Lavado, de la Universidad del Pacfico, asegura que los factores de la informalidad s son los altos costos laborales e impositivos que les impide generar utilidades y crecer .
A los factores que afectan la formalidad de este grupo de empresas, Toyama, de Miranda Amado, indica que est la rigidez laboral. Explica que la rigidez tiene que ver con la poca flexibilidad que tienen las empresas para gestionar las relaciones de trabajo. En esta destaca la posibilidad de modificar condiciones de trabajo, ceses colectivos y desvinculaciones laborales.
Toyama sostiene que somos el octavo pas ms rgido del mundo en contratacin y despido de un total de 140 pases, como consecuencia de la rigidez laboral.
Las empresas prefieren contratar a plazo fijo, ser informales o la tercerizacin, porque si contratan en planilla es bastante heroico desvincular legalmente, comenta. Dada la problemtica de la informalidad, Lavado recomienda el mayor impulso de la capacitacin y programas de reconversin laboral.
Para Toyama se requiere trabajar intensamente en reducir tanto los sobrecostos como la rigidez laboral y, recomienda fomentar una cultura de la formalidad, adems de un dilogo social para que no se repita lo que sucedi con la ley pulpn.
Por su parte, Tuesta sugiere que el gobierno debe encontrar frmulas para reducir los costos laborales y administrativos, adems de las trabas burocrticas. Recientemente, el INEI ha hecho un estudio exhaustivo sobre la informalidad que puede ayudar al Gobierno a hacer sus polticas ms precisas.