Aunque ayer estuvo en la agenda del pleno, finalmente no se debatió la derogación del Decreto Legislativo (D.Leg.) 1333, que crea el Proyecto Especial de Acceso a los Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP). Sin embargo, dada la coincidencia entre Fuerza Popular y el Frente Amplio para derogar la norma, la suerte parece estar echada para esta agencia, que buscaba agilizar proyectos que hoy se encuentran trabados por no encontrar un acceso oportuno a terrenos que son necesarios para su ejecución.Follow@EconomiaECpe
Para ello, APIP ejercería las competencias establecidas en la Ley de Adquisiciones y Expropiaciones. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estimó en la exposición de motivos del D.Leg. 1333 que los proyectos priorizados que enfrentan retrasos por problemas de predios representan una inversión total de US$6.250 millones.
“Eso es un tercio de lo que el Poder Ejecutivo se había propuesto como prioridad [en su plan de estímulo económico por US$18 mil millones] y es un monto nada desdeñable”, sostiene Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía.
Además, el MEF ha manifestado que expropiar un predio fuera de Lima implica un procedimiento de 83 pasos que tarda un aproximado de 739 días.
CONSULTA PREVIALa propuesta de derogación proviene de la Comisión de Constitución del Congreso. Fue impulsada inicialmente por la bancada del Frente Amplio, a la que se sumó el fujimorismo.
El grupo de trabajo parlamentario decidió por mayoría que el D.Leg. excedía las facultades delegadas al Ejecutivo, pues podría afectar los derechos constitucionales a la propiedad y la posesión de los pueblos indígenas u originarios al no contemplar el mecanismo de la consulta previa.
Sin embargo, Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación de Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), sostiene que esta norma no ha afectado estos derechos. En su opinión, incluso podría modificarse para excluir de sus alcances a estas comunidades y que “quede claramente establecido que no están en peligro”. “Esa sería la forma de quitar este ingrediente político y sacar adelante el D.Leg., que en los demás aspectos es imprescindible”, añadió.
“No se genera un régimen distinto [de expropiaciones], solo crea un ejecutor especializado [el APIP]”, sostiene Raúl Ravina, socio del estudio CMS Grau.
El experto añade que este marco legal se aplica en armonía con las demás normas vigentes, por lo que la figura de la consulta previa ya se entiende aplicable, aunque no esté especificada en forma expresa. No obstante, coincide con Prialé en que a nivel político podría salvarse la norma con una modificación.
EXPROPIARFuentes del MEF dijeron a este Diario que, de derogarse la norma, se seguirá en la situación actual, en la que la liberación y saneamiento de predios para los proyectos de infraestructura vía asociaciones público-privadas puede llegar a ocasionar retrasos de hasta 15 años en casos extremos.
En este escenario, el Estado incurre en incumplimientos con los inversionistas y en mayores costos, que se dan a través de adendas y pago de penalidades por arbitrajes perdidos, agregaron.
Es justo con estos argumentos que el Ejecutivo trató de acercar posiciones con Fuerza Popular, pero no tuvo éxito. “Estos recursos podrían generar más actividad económica y empleo en la situación actual en la que se necesita que la inversión crezca”, insistieron estas fuentes.
Esta semana, algunas organizaciones indígenas manifestaron su rechazo a esta disposición a la que llamaron “decreto del despojo de tierras”.
En un comunicado difundido por la Confederación Nacional Agraria, sostuvieron que la aprobación de esta norma “nunca fue consultada a los pueblos indígenas conforme lo que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
Por su parte, Prialé afirma que dejar sin efecto el decreto sería un golpe a los planes del gobierno y a la reforma de Pro Inversión, que supone procesos más eficientes y más rápidos.
En esta línea, Ravina opina que el D.Leg. 1333 modifica la parte ejecutiva de este problema al crear el APIP, “no las normas de liberación y expropiación”.
Entre los proyectos que han tenido estos problemas con los predios requeridos están la autopista del Sol, la red vial 6 y la línea 2 del metro de Lima.
“El Ejecutivo cuando entró se puso metas bastante altas para acelerar las obras con destrabes”, apunta Macera. Pero, aclara, resultaron más complicadas de alcanzar de lo que previeron desde afuera.
DATOS► 3,2% del PBI representan los proyectos por US$6.250 millones que enfrentan retrasos por la falta de acceso oportuno a predios, de acuerdo con el MEF.
► A pesar de estar en agenda la derogación del D.Leg. 1333, el pleno del Congreso no debatió la norma. La semana pasada corrió la misma suerte.
► El APIP, organismo creado por este decreto, tendría las competencias que se establecen en la Ley Marco de Adquisiciones y Expropiaciones.
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