La investigación independiente que encargó realizar Graña y Montero (GyM) al estudio de abogados estadounidense Simpson Thacher & Bartlett no halló evidencias de corrupción en los seis proyectos en los que participó la constructora peruana en asociación minoritaria con la brasileña Odebrecht.
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La indagación involucró la revisión de más de 250 mil documentos vinculados a la Carretera Interoceánica (norte y sur), la línea 1 del Metro de Lima, Chavimochic y el Gasoducto Sur Peruano. En todos estos proyectos Graña y Montero tuvo una participación accionaria de entre el 10% y el 33%.
Así, el citado estudio examinó correos electrónicos, mensajes de texto, estados financieros, informaciones de prensa y documentos comerciales, además de otros soportes electrónicos como discos duros de computadoras, backups y datos de redes corporativas. También se realizaron 25 entrevistas a funcionarios, ex funcionarios y ciertos ex directivos de la compañía.
“La investigación no identificó evidencia como para establecer que el personal de la compañía participó a sabiendas en sobornos en relación con cualquiera de los proyectos”, señaló la indagación de Simpson Thacher & Bartlett.
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En relación a las declaraciones públicas que señalan que Odebrecht podría haber financiado sobornos a funcionarios públicos mediante el reembolso de accionistas minoritarios a través del pago de dividendos, pagos por liderazgo ('leadership fees') o por costos gerenciales, la investigación también señala que “no identificó evidencia” para concluir que el personal de Graña y Montero tuvo conocimiento o consideró que estos desembolsos estaban relacionados con actividades de corrupción.
“El informe recibido hoy deja claro que no se han encontrado evidencias de corrupción y al mismo tiempo nos confirma que hay áreas de mejora, particularmente, en la manera en que gestionamos nuestras asociaciones con terceros”, refirió Augusto Baertl, presidente del directorio de Graña y Montero.
El ejecutivo dijo que se ha solicitado al Comité Riesgos, Cumplimiento y Sostenibilidad de la compañía que trabaje en reforzar la política de entrada en consorcios, especialmente en los proyectos donde la firma tenga una participación minoritaria.
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