Aprueban las primeras regulaciones para criptoactivos de la UE

La falta de regulación en los criptoactivos ha generado enormes pérdidas para muchos inversores primerizos y proporcionado un puerto seguro para ‘hackers’.
Las normas se aplicarán aún cuando las transferencias sean inferiores a 1.000 euros. (Foto difusión)

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El Parlamento Europeo dio este jueves luz verde a dos acuerdos para regular por primera vez en la Unión Europea todas los criptoactivos, desde su autorización y supervisión hasta los requisitos de transparencia, así como para trazar las transferencias con criptodivisas con el fin de luchar contra el blanqueo.

Los eurodiputados confirmaron los pactos políticos a los que habían llegado el año pasado con el Consejo, que representa a los Estados, sobre la regulación del Mercado de Criptoactivos (MiCA, en inglés), por un lado, y sobre la transferencias de fondos, por otro, de modo que ambas podrán entrar en vigor una vez que el Consejo las apruebe formalmente.

Estas reglas “marcan el final de un salvaje oeste para los criptoactivos y el inicio de una nueva era de vigilancia regulada”, señaló en un comunicado el eurodiputado de los Verdes Ernest Urtasun, uno de los responsables parlamentarios de la negociación.

”La falta de regulación en los criptoactivos ha generado enormes pérdidas para muchos inversores primerizos y proporcionado un puerto seguro para ‘hackers’, defraudadores y redes criminales internacionales durante más de una década”, subrayó.

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Precisamente la regulación MiCA está destinada a poner orden en el mercado de unos activos cada vez más usados como medio de pago o inversión, pero que no están sujetos a las reglas y garantías por las que se rigen los servicios financieros tradicionales.

Esto plantea riesgos en materia de protección del consumidor, privacidad, blanqueo de capitales, financiación de actividades ilegales e, incluso, para la estabilidad financiera que la UE busca atajar poniendo bajo un marco regulatorio a todos los criptoactivos, emisores y proveedores de servicios.

Entre otras cosas, la regulación prevé que para operar en la UE los proveedores de servicios de criptodivisas tengan que tener presencia física en el continente y recibir autorización previa de las autoridades nacionales.

Al mismo tiempo se introducen requisitos sobre la información que deben proporcionar a los inversores sobre el uso que harán de sus fondos, sus obligaciones o los riesgos de la inversión, así como la obligación de informar sobre su impacto climático para atajar la alta huella de carbono de unas actividades que consumen enormes cantidades de energía.

El texto incluye medidas contra la manipulación del mercado y para la prevención del blanqueo y da un papel la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), que establecerá un registro público para los proveedores de servicios de criptoactivos que incumplen las normas y que operan en la UE sin autorización.

También para luchar contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo está diseñada la regulación sobre las transferencias con criptoactivos, que extiende a estas operaciones las obligaciones de identificación que ya aplican a las transferencias con fondos convencionales.

Los proveedores de criptodivisas estarán obligados a obtener, conservar y transmitir la información sobre el ordenante y beneficiario de una trasferencia, lo que permitirá identificar transacciones sospechosas y tomar medidas para congelar o vetar operaciones, por ejemplo con entidades sancionadas.

Las normas se aplicarán aún cuando las transferencias sean inferiores a 1.000 euros, el límite que había propuesto inicialmente la Comisión, pero no a las transferencias de persona a persona realizadas sin mediación de un proveedor.

En un debate ayer con los eurodiputados, la comisaria de Servicios Financieros, Mairead McGuinness, avanzó que hay áreas que no se abordaron con estas reglas porque se consideró “prematuro” dado su carácter novedoso y que ahora tendrán que estudiarse, como “las finanzas descentralizadas, los préstamos con criptoactivos y los tokens no fungibles”.

”La Comisión tiene que analizar la factibilidad y necesidad de regular estas actividades en los 18 meses tras la entrada en vigor de MiCA y empezará el trabajo ahora”, dijo.

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