Franco Reinson nunca estuvo más ocupado, respondiendo llamadas y celebrando reuniones en su oficina en el centro de Buenos Aires. El asesor de patrimonios puede agradecer al presidente Alberto Fernández, quien está poniendo nerviosos a los argentinos más ricos.
“Temen que el nuevo gobierno sea agresivo con sus políticas fiscales”, dijo Reinson, el encargado de contabilidad de la subsidiaria local de Amicorp, que se especializa en organizar y administrar fideicomisos que han aumentado en popularidad. La mayoría de sus clientes sólo pide una cosa: que los ayuden a proteger sus ahorros guardados en el extranjero.
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Tienen buenas razones para preocuparse. Fernández, un populista de izquierda, está retrotrayendo al país a las épocas del peronismo, el movimiento nacido en la década de 1950 bajo Juan Domingo Perón, que promueve el gasto social y la industria local.
En su primer discurso como presidente, el 10 de diciembre, Fernández lo dejó en claro: “Hasta eliminar el hambre le pediremos mayor esfuerzo solidario a quien tenga más capacidad de darlo”, anunció.
Esas simples palabras justifican las preocupaciones entre los argentinos con mayor poder adquisitivo, según el economista Martín Tetaz. “Traducido al castellano, es más impuesto a los bienes personales”, escribió el economista en Twitter. “Si fueran retenciones sería a los que más producen; si fuera a los que más ganan, sería impuesto a las ganancias”, dijo.
Los argentinos no tuvieron que esperar mucho para ver las primeras medidas. El jefe de gabinete de Fernández, Santiago Cafiero, dijo al diario La Nación el 14 de diciembre que el Gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso para poner en marcha políticas fiscales que incluirán un aumento en el impuesto a los bienes personales, con alícuotas más altas para los activos en el extranjero.
Ya los productores agropecuarios se adelantaron a aumentos de impuestos a la exportación, al descargar la mayor parte de su cosecha de trigo, soja y maíz antes de que el nuevo gobierno asumiera el cargo. Este fin de semana, los funcionarios dispusieron mayores retenciones. Al mismo tiempo, se supo que se impondrá un “impuesto turístico” del 30% a los argentinos que compren boletos aéreos internacionales, o paguen sus suscripciones mensuales de Netflix o usen sus tarjetas de crédito fuera del país, entre otras transacciones.
Los argentinos han escondido su dinero durante mucho tiempo fuera del país para protegerlo de los ciclos de auge y caída que han castigado al gigante de la agricultura durante décadas. En conjunto, tienen actualmente más de USD 300 mil millones de ahorro en el extranjero, según datos del instituto nacional de estadísticas Indec. Las nuevas reglas estrictas que requieren que ciertos países compartan datos de cuentas bancarias han hecho que sea más difícil encontrar paraísos fiscales en todo el mundo, por lo que los “trusts” (fideicomisos) en el exterior se están convirtiendo en un producto seductor para los ricos.
Un representante del Ministerio de Economía declinó hacer comentarios, agregando que los detalles serán anunciados con los contenidos del proyecto de ley.
El llamado “trust irrevocable”, una estructura que hasta antes de las elecciones los argentinos casi no conocían, tiene ahora una gran demanda. El instrumento normalmente es elegido por personas cercanas a la edad de jubilación que desean dar el control y el beneficio de sus activos a otros, hasta el final de su vida. Pero, ahora, los asesores patrimoniales llegan a escuchar consultas de adultos de apenas 30 años, sin herederos, que buscan el instrumento.
“Hubo un frenesí después de las elecciones primarias de agosto y la demanda explotó tras los nuevos controles de cambio”, dijo Martina Caunedo, abogada de MBP Partners, que asesora a grandes bancos y gestores de fondos en Buenos Aires. De 2018 a 2019, MBP Partners pasó de asesorar principalmente a empresas sobre inversiones en infraestructura y financiamiento en el extranjero a planificar fortunas familiares.
Argentina ya tiene una alta carga impositiva, cercana al 30% del producto bruto interno, que es sustancialmente más alta que el promedio latinoamericano (22,8% del PBI), según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal.
“El país sufre una maraña real de gravámenes, tasas y contribuciones: tiene 163 impuestos considerando los tres niveles de gobierno (nacional, provincias y municipios) ”, dijo Nadin Arganaraz, director del instituto. La carga tributaria es cercana al 33% de los ingresos de las personas y alcanza el 50% tomando sólo la economía formal.
La alta presión fiscal generalmente ha llevado a los argentinos a tratar de ocultar parte de su riqueza en moneda extranjera fuera del país.
Un desafío a la estrategia de ocultar la riqueza del nuevo gobierno está en que muchos argentinos fueron persuadidos a participar en un extenso plan de amnistía fiscal (“blanqueo de capitales”) bajo el mandato del ex presidente Mauricio Macri en 2016. En ese proceso, pagaron un cargo fijo de hasta el 15% de sus activos para declarar lo que tenían en el extranjero con la expectativa de que estarían a salvo de más impuestos. “Los que trajeron sus activos de vuelta al país durante el blanqueo, ahora quieren llevarlos al extranjero nuevamente”, dijo Caunedo.
Con Argentina al borde del default una vez más, y la economía en recesión con una inflación de 50% anual, Fernández no tiene muchas opciones para recaudar ingresos y gastar en los pobres. Lo más viable parece ser exprimir más dinero de los ricos.
Fernandez dijo el lunes al canal de televisión Telefé que el impuesto sobre los activos del exterior serán el doble que el nivel de 2015, lo cual implicaría una tasa de hasta 2,5%. La medida apunta a persuadir a los argentinos a traer su dinero al país, dijo.
“Esto es mucho dinero; es confiscatorio”, dijo Mariano Sardans, CEO del administrador de riqueza FDI en Buenos Aires. “Para una persona, esto significa el total de lo que podrían obtener con el retorno de una inversión en bonos o el alquiler de un apartamento en el extranjero”.
Para algunos, una solución para evitar el impacto de las políticas fiscales de Fernández es cambiar de residencia o mudarse al extranjero, dijo Martín Litwak, jefe de una firma boutique de asesoría legal y fiscal con oficinas en Miami. Aquellos que buscan un cambio de residencia deben vivir al menos 180 días en su país anfitrión.
“Argentina está exportando riqueza: miles de ellos están dejando el país para vivir afuera, otros llevan sus negocios al extranjero y otros ponen su dinero en estos trusts”, dijo Sardans. “El gobierno está perdiendo masa impositiva”.
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