El pasado 27 de junio, al mediodía, la empresa Gilat Networks Perú S.A. firmó en la sede de Pro Inversión los contratos de financiamientos de los proyectos de Internet de banda ancha para las regiones de Amazonas e Ica.
El hecho podría considerarse un paso protocolar más. Pero es distinto de lo habitial. La peculiaridad es que dicha empresa no había ganado la licitación, sino el consorcio GMC Conecta, a la cual se la había revocado un mes antes por no presentar sus documentos a tiempo.
Este inusual evento había ocurrido el 15 de mayo, cuando Pro Inversión programó la firma del contrato con GMC Conecta, que había obtenido la buena pro el 18 de diciembre del 2017 por dos proyectos valorados en unos US$ 150 millones.
Fuentes del sector informaron que GMC Conecta había venido pidiendo, reiteradamente, que se les diera más plazo porque tenían dificultades para concretar las traducciones de los documentos de su socia, YOFC (Yangtze Fibra Óptica y Cable Company Ltd), principal proveedor de fibra óptica de China que factura al año alrededor de US$1.700 millones.
El primer pedido de prórroga fue mediante carta recibida en Pro Inversión el 28 de febrero, antes de que Proinversión fijara una fecha oficial de cierre. El consorcio pedía 90 días más y presentó un cronograma detallado de todos los tramites y el tiempo que le tomaría concretarlos. La agencia estatal no respondió directamente la carta, pero se reunió con la empresa el 9 de abril para informarles que se había decidido hacer la firma del contrato el 9 de mayo, tal como se comunicó de manera pública (vía circular) dos días después. Eso era un poco menos de los 90 días solicitados.
Para fines de abril GMC Conecta tenía casi todos los requisitos previstos en las bases, incluyendo la carta fianza respectiva y la constitución de una nueva empresa (GMC-YOFC Conecta S.A.). Lo que le faltaba era la concesión para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, la subsiguiente firma de contrato como operador y el posterior registro de valor añadido, trámites que se realizan en el MTC.
Remitieron a Pro Inversión copia de todos los documentos que ya tenían y destacaron que solo faltaban los trámites en el MTC. Pidieron formalmente que la firma fuera el 15 de junio.
Pro Inversión confirmó que dicho pedido fue denegado. Al evaluar la solicitud determinaron que, para ellos, fue la negligencia de GMC Conecta lo que originó la demora. En procesos similares del sector telecomunicaciones, realizados desde el 2010 a la fecha, el tiempo promedio para cumplir con los requisitos fue de 66 días calendario. En esta oportunidad se le estaba dando 142 días, plazo que consideraron suficientemente razonable.
Como es de esperar, GMC Conecta apeló la negativa. Pro Inversión tenía que resolver dicho pedido, así que el día programado para la firma avisó que se postergaba la fecha. El 14 de mayo, una vez resuelto en forma negativa el recurso de apelación, avisaron mediante Circular N° 21 que la firma se daría el15 de mayo de 2018. GMC Conecta ya no presentó ningún documentos, pues le faltaba culminar los trámites en el MTC.Era potestad de Proinversión decidir si los días adicionales podían o no ser incrementados. Pudo postergarse el plazo antes de fijar la fecha o después, cuando recibió la apelación, si es que lo hubiera considerado pertinente, pero no fue así. Las diferencias en los plazos se explican porque en las licitaciones anteriores los ganadores fueron empresas ya constituidas en el país, mientras que en esta oportunidad se trataba de consorcios con socios extranjeros que debían formar una nueva empresa.
Ironías del destino, o no, recién el 18 de mayo el MTC firmó la concesión para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones en todo el territorio nacional. La resolución respectiva (R.M. Nº 355-2018-MTC/01.03) se publicó en El Peruano seis días después, es decir el 24 de mayo y para el 1 de junio se firmó el contrato respectivo como operador, justo dentro de los 90 días que solicitaron al principio, desde antes de que se fijara la fecha de entrega de documentos. Pero ya era demasiado tarde.
QUE PASE EL SIGUIENTEEl 9 de mayo también estaba previsto que se firmara el contrato de las redes para Junín, Puno, Moquegua y Tacna. El titular era el Consorcio Telecomunicaciones Rurales del Perú y tenía entre sus socios a una empresa colombiana (Eléctricas de Medellín Perú). Trascendió que les costó bastante esfuerzo lograrlo, pero finalmente sí llegaron a la fecha prevista.
José Porto, del Estudio Montezuma & Porto, explicó que las bases establecían unas obligaciones claras que debían cumplirse en la fecha de cierre. Si no se cumple, asegura, procede revocar la buena pro y dársela al segundo postor, en este caso Gilat. “Si no está en capacidad de cumplir con su primera entrega, puede que ello demuestre que no es el socio más adecuado”, opinó.
Gilat, quien ya tiene a cargo otras redes regionales licitadas en años anteriores, fue notificado el 23 de mayo por Pro Inversión de la buena nueva y recibió un plazo de 142 días para reunir los documentos. Pero ellos ya se habían preparado con un aumento de capital desde el 18 de mayo y la firma fue apenas un mes despúes de ser notificados.
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