La venta de Corporación Lindley a la embotelladora mexicana Arca Continental sigue en tela de juicio. Las dudas sobre si los beneficios generados por la transacción se han repartido de manera justa a todos los accionistas (entre ellos los de inversión) comienzan a debatirse no solo en Lima, sino también en Chile y México. Follow @PortafolioECpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');
El rol que juega la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), como árbitro que ayuda a nivelar el terreno del juego, surge junto a su papel de defensor del trato justo de todos los accionistas.
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Según Enrique Díaz, ex presidente del regulador del mercado de valores, la SMV tiene que efectuar una investigación profunda de los hechos para establecer si hubo uso de información privilegiada por parte de la familia que esta a cargo de la Corporación Lindley.
“Esa es la clave del tema”, apuntó. “Hay una inquietud muy grande en el mercado acerca de cómo se va a analizar este caso y la SMV lo tiene muy claro”, señaló Díaz. Según el actual presidente de Agrobanco, lo que está en juego es buena parte de la reputación del mercado, justo en un momento donde está en cuestionamiento la naturaleza de la categoría del Perú entre si ser un país frontera o emergente.
“Uno de los factores que influyen en la liquidez de las acciones es la confianza que dan los mercados, además de la protección al accionista. Lo que espera el mercado es una señal rotunda pero basada en hechos objetivos”, indicó Díaz.
El 10 de setiembre, la embotelladora mexicana pagó US$2,94 a la familia Lindley por sus acciones comunes (incluyendo los US$150 millones por una cláusula de no competencia).
Semanas después, Arca ofreció pagar US$0,89 por las acciones de inversión, un hecho que irritó a los tenedores de este tipo de acciones, que estiman que el precio por la prima de control es excesivamente alto.
“Parte de la discusión es determinar si hubo uso de información privilegiada. De haber algún indicio que señale que la familia Lindley tomó ventaja sobre la negociación en curso, podrían haber sanciones no solo económicas sino hasta personales. Ese es el tema más sensible y es ahí donde la SMV tiene que cruzar información”, destacó Díaz.
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