Hace unos días, Proética realizó el foro “Por un Perú Libre de Corrupción: Retos y Compromisos”. El debate tocó el rol del sector privado. Daniel Paredes, un joven líder de la audiencia, nos preguntó a los panelistas: “Ustedes dicen que todos [los empresarios] sabían sobre Odebrecht y que fueron laxos. Ahora, ¿saben de alguien más? Y si es así, ¿qué harán?”.
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La respuesta merece ser ampliada. Una medida comprobadamente efectiva es la sanción social: dejar de tener relaciones con empresas y empresarios corruptos, aunque eso signifique perder oportunidades en el corto plazo.
Un informe del Banco Mundial señala que en los países donde se acepta la corrupción y no hay sanción social, no se respeta a las personas honestas y hasta se burlan de ellas. Esto refleja que la corrupción es influida por normas sociales. Sin sanción social, se normaliza el delito.
El Banco Mundial y el BID publican una lista de empresas envueltas en corrupción, detectadas durante procesos administrativos. Estas pueden llegar a ser castigadas hasta con la inhabilitación temporal para la adjudicación de contratos con esos bancos.
El WEF pone énfasis en el liderazgo ético, que es actuar en base a valores y con autoridad moral, pues es lo que los consumidores premian. La OCDE asegura que liderar con el ejemplo es el factor que más impacta en el comportamiento ético y la confianza de los trabajadores.
Daniel, los empresarios podríamos seguir este ejemplo: evitar relacionarnos con quienes están vinculados a la corrupción. Tenemos que apartar a los corruptos que atentan contra el Perú y el gremio, tal como en la antigua Grecia, donde se condenaba al ostracismo a quienes atentaban contra su sociedad.
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