Sin saberlo, el Congreso de la República estaría a punto de cometer un error que perjudicará a todos los hogares y empresas del país. La Comisión de Defensa del Consumidor acaba de recomendar la aprobación del Proyecto de Ley 2320/2017-CR. Este modificará aspectos técnicos en el cálculo del precio de la energía en el mercado spot, elevándolo con el argumento de reducir el valor de la prima que pagamos los usuarios por la promoción de las energías renovables.
Sin embargo, lo que los congresistas no han considerado es que el precio spot es también un marcador de precios clave para los contratos que firman las empresas generadoras eléctricas con distribuidores (para el abastecimiento de hogares y comercios) y usuarios libres (empresas de alto consumo). ¿Le suena razonable que una norma busque incrementar el precio de la energía para reducir las tarifas de los usuarios? Eso es imposible. El incremento del precio spot provocado por la norma se trasladará al precio que pagan los usuarios por concepto de energía (entre 40% y 60% de la tarifa eléctrica total). En Macroconsult hemos estimado que entre 2019 y 2025 se generarían ahorros por US$300 millones por Prima RER. Sin embargo, este ahorro no compensará el sobrecosto que sería varias veces superior y podría llegar hasta US$2.000 millones por el mayor precio de energía que deberán pagar los usuarios si el Congreso modifica la regulación del sector.
Asimismo, la norma propone elevar el consumo mínimo para ser usuario libre desde 200 kW a 1.000 kW con el objetivo de darle más previsibilidad comercial a las distribuidoras eléctricas. En los últimos años, la sobre oferta del mercado posibilitó la migración de cientos de empresas e instituciones desde el régimen regulado al libre y así obtener importantes ahorros por concepto de suministro eléctrico. Al perder clientes, las distribuidoras han tenido que pagar por electricidad no vendida reduciendo su rentabilidad. Si se aprueba esta medida, estimamos que los usuarios libres que deban regresar al régimen regulado tendrán incrementos en su precio de energía de hasta un 100%. Esta medida afectará a la competitividad de cientos de medianas empresas y reducirá la competencia en el mercado eléctrico, reforzando el poder de mercado de las empresas distribuidoras en las ciudades del país.
Sorprende que una comisión que tiene como objetivo elaborar normas en beneficio y defensa de los consumidores haya aprobado un proyecto de ley que tendrá un impacto totalmente opuesto sobre los consumidores eléctricos. Al ser un tema altamente técnico, el Congreso no ha identificado todas las repercusiones que tendrá esta medida. Todavía es posible revertir esta mala decisión.