¿Qué tienen en común los proyectos de infraestructura comercial más importantes del país? Que juntos pueden generar más de 50 mil puestos de trabajo; que en conjunto representan una inversión de más de US$2.000 millones; y que todos se encuentran entrampados por la demora en la aprobación de Estudios de Impacto Vial – EIV por la Municipalidad de Lima.
El EIV es un requisito que se exige a determinados proyectos de edificación para que puedan acceder a una licencia de construcción. Es una evaluación que permite determinar de qué manera un establecimiento influirá en el sistema vial con el fin de mitigar un eventual impacto negativo en el tránsito vehicular.
De acuerdo a ley, el EIV sólo es exigible para los proyectos que el Reglamento Nacional de Edificaciones establece y siempre que los documentos y planos del proyecto no contemplen los requisitos para ser evaluados por las comisiones técnicas distritales que resulten competentes en cada oportunidad.
Sin embargo, la comuna limeña ha pretendido monopolizar esta función para exigir que sea ella quien apruebe el EIV de cada proyecto, ocasionando que las comisiones técnicas distritales se abstengan de conocer y evaluar el impacto de los nuevos establecimientos en el sistema vial de cada distrito.
Esto ha ocasionado un tremendo cuello de botella que ha dado lugar a que la aprobación de un EIV pueda demorar en promedio más de dos años. La razón es una excesiva acumulación de trámites que han sido centralizados por el municipio provincial y una alta rotación de funcionarios con escasa experiencia para resolverlos.
Por si esto fuera poco, y a pesar de la notoria falta de capacidad actualmente existente para resolver los expedientes en trámite -con varios años de atraso-, la Municipalidad de Lima ha publicado el pasado viernes 13 de abril la Ordenanza N° 2087, mediante la cual pretende exigir que una serie de proyectos de edificación no previstos en la ley deban obtener previamente un EIV como requisito para obtener una licencia de edificación.
El peligro inminente que genera esta ordenanza es que las actividades de construcción en la capital sufrirán un inusitado retraso para la aprobación de sus permisos, debido a la creación de esta nueva exigencia que es a todas luces contraria a la ley y al Reglamento Nacional de Edificaciones.
Pero lo más grave es que la autoridad municipal pretende que sea retroactiva y exigir la obtención de EIVs a edificaciones que nunca antes los necesitaron, bajo apercibimiento de cierres y clausuras de sus locales.
Urge que los funcionarios municipales encausen su interés por resolver el problema del tránsito capitalino dentro de los límites de la legalidad y no de acuerdo a lo que mejor les parezca.