En estos últimos días se ha difundido, con prolijidad, la idea de que nuestra economía no se ha resentido en lo mínimo a pesar de la convulsión política en la que ha caído. Los indicadores proporcionados para demostrarlo son simples: la bolsa, el tipo de cambio y nuestra clasificación soberana no han mostrado deterioro. Concluir que ello es lo fundamental resulta casi un espejismo.
Hoy tenemos una nueva oportunidad, claro está. Sin embargo, sin disponer de una hoja de ruta para el corto, mediano y largo plazo, la posibilidad de rehacer nuestra economía a partir de la entrada de un nuevo gobierno será muy limitada.
La verdad, en el muy corto plazo, sin encontrar una salida al desorden político vigente sería imposible pretender resolver los problemas de la limitada inversión, la creciente brecha fiscal, la preocupante trayectoria del endeudamiento público y la limitada generación de empleo.
La salida a la desaceleración de la actividad económica en lo que resta del presente año dependerá de dos elementos. El primero, el necesario cambio de actitud y comportamiento del Congreso a través de la búsqueda de consensos. El segundo, sin dejar de investigar e identificar a los responsables del escándalo de Odebrecht, debemos lograr que sus repercusiones en materia de empleo, cadena de pagos, inversión y crecimiento sean las mínimas. La Ley 30737 debe reglamentarse de inmediato.
Ahora bien, pensando en el mediano plazo y de cara al 2021, debemos aprovechar al máximo las condiciones favorables derivadas del repunte del precio internacional de nuestros minerales.
Esto generaría condiciones externas apropiadas como para impulsar la inversión privada mediante su componente minero, coadyuvaría a consolidar nuestro frente externo y garantizaría un crecimiento no menor al 4% promedio anual en los próximos tres años. Esto no es historia nueva, pero debe ser adecuadamente comunicado e interiorizado por el frente empresarial.
No debemos alejarnos de los fundamentos de nuestra economía. En ese contexto, la trayectoria fiscal preocupa, pero la solución no es solo recortar gastos, dadas las necesidades que se disponen en un contexto de reconstrucción. Cuidado. Debemos recalibrar las posibilidades de recuperación de nuestros ingresos fiscales a partir de un mayor crecimiento y de un replanteamiento de política tributaria que incida sobre las tres ‘e’: lucha frontal contra la “evasión”; minimización de oportunidades de “elusión” y recalibración de las “exoneraciones”.
Finalmente, también, sin mayor pérdida de tiempo, debemos desde ahora empezar a sentar las bases de un reperfilamiento de nuestro largo plazo. Por no enfrentarlo es que caemos permanentemente en limitaciones de corto plazo.
Para ello es necesario definir y apoyar, bajo el contexto de una amplia base social, política y empresarial, un gran plan estratégico nacional con las metas, objetivos, métrica y escenarios pertinentes para que, de manera ordenada, e independientemente del Gobierno de turno, generemos reales políticas de Estado.
Con dicho plan, técnicamente diseñado y que cuente con respaldo político-social, podríamos enfrentar el tremendo déficit de infraestructura que hoy ataca nuestra economía, podríamos superar la mediocridad de calidad de sector público que tenemos, podríamos generar las bases de una nueva institucionalidad y activar el camino a las reformas estructurales pendientes.
Esto es alejado y diametralmente diferente a lo que hoy tenemos como Acuerdo Nacional. Claro está, estamos entre dos caminos: el de los espejismos y el de la oportunidad. ¿Cuál prefiere usted?