Muchos peruanos están cansados de los constantes enfrentamientos entre políticos e instituciones del propio Estado, que no llevan a ningún lado. Los ciudadanos quieren que se solucionen sus problemas cotidianos: la falta de seguridad, la escasez de empleo e ingresos y la deficiente atención de servicios públicos, como la salud. Existe hoy un claro divorcio entre la población, que busca la forma de vivir o sobrevivir, y la de los políticos o autoridades que no encuentran la forma de gobernar el país.
El 2024 nos desafía nuevamente con un posible fenómeno de El Niño moderado en los primeros meses del año, que dada nuestra alta vulnerabilidad y poca capacidad de prevención traerá pérdidas económicas y esperemos que no sean también humanas. La ocurrencia de nuevos episodios de inestabilidad política y conflictividad social parece que también nos seguirá acompañando este nuevo año, lo que significa que nuestras autoridades tendrán menos tiempo para gestionar el Estado con las consecuencias negativas en lo económico y social. De acuerdo con diversas encuestas realizadas a la población peruana, son tres los principales problemas que preocupan al país: el crecimiento económico, la delincuencia e inseguridad, y la corrupción.
Todos son problemas que requieren estrategias claras y decisiones fuertes y directas, que no hemos visto hasta ahora. Además, hay que considerar que un país donde impera la corrupción no genera un crecimiento estable y sostenido; así como un país inseguro no genera confianza ni un buen clima de negocios; y un país que no crece y no genera empleo, termina promoviendo más delincuencia y corrupción. Mientras que la delincuencia y la corrupción no sean combatidas a todo nivel ni castigadas severamente, no habrá ningún cambio.
Es cada vez más claro que nuestra fortaleza macroeconómica, que ha evitado tener una crisis más profunda estos últimos años, aún sigue siendo una ventaja y un soporte a futuro, pero también se puede observar que el desarrollo de los mercados requiere de políticas públicas que promuevan su crecimiento. Tal es el caso de la agricultura, la minería, la pesca, el turismo, entre otros. Estas políticas deben estar dirigidas a promover las condiciones para la inversión y desarrollo fundamentalmente.
¿Cuáles son estas? La promoción de la infraestructura de transporte, comunicaciones, energía y agua y saneamiento que incentive la inversión privada. Una reforma laboral que permita generar empleo decente y la inserción de jóvenes a la fuerza laboral. Una política tributaria que promueva la formalización de la economía y la ampliación de la base tributaria. Todo ello con un enfoque territorial necesario para que nuestros recursos puedan generar el mayor valor.
Entonces, ¿qué esperamos para el 2024? No deberíamos esperar nada diferente si seguimos haciendo lo mismo. ¿Debemos esperar algo del Estado? Una planificación estratégica mínima que le permita gobernar. Pero lo más importante, necesitamos un compromiso colectivo e individual para que cada una de nuestras propias acciones no permita la delincuencia ni la corrupción. Es la hora de mirar más allá del presente inmediato y trabajar juntos para construir un país que ofrezca oportunidades y prosperidad a las generaciones futuras.