Las políticas públicas siempre deben formularse basadas en la evidencia, pero muchas veces la motivación o la urgencia de actuación viene de un caso emblemático.
El año pasado cerró con la lamentable muerte de dos jóvenes en un restaurante de comida rápida, donde confluyeron varios problemas: (1) la desidia de los administradores del local para corregir fallas previamente alertadas, (2) incentivos inadecuados con el objetivo de ofrecer un puesto de trabajo seguro y (3) la ausencia de un esquema de compensación apropiado para las familias en caso de un siniestro.
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Frente a esta situación, el Gobierno reaccionó tomando varias acciones: fortalecer la capacidad de inspección de Sunafil, hacer obligatorio una mayor capacitación sobre prevención en materia de salud y seguridad en el trabajo, y la universalización del seguro de vida ley.
Este combo es potente porque combina prevención, fiscalización e indemnización. En particular, el seguro de vida ley es un alivio temporal a las familias, pues tiene el carácter de indemnización. Los deudos no van a vivir de esa indemnización, simplemente van a poder acomodarse a la nueva realidad postsiniestro.
Las empresas deberían revisar su situación y tomar acciones correctivas, y Sunafil está empoderada en su función.
Más allá del hecho puntual de esas dos muertes, es importante regresar a mirar la evidencia. El último año se reportaron 35.000 accidentes de trabajo no mortales y fallecieron 238 personas. Sin embargo, del total de trabajadores accidentados, solo 1 de cada 4 personas trabaja en una actividad que está incluida en la lista de actividades obligadas a contratar un seguro complementario para trabajos riesgosos (SCTR).
A la fecha, solo 182 actividades de un total de 2.000 están obligadas a contratar un SCTR para su personal. El resto está desprotegido. Es decir, la protección financiera que tienen frente a un accidente es mucho menor. Esta situación contrasta con la realidad de nuestros países vecinos donde este seguro tiene un carácter universal.
La universalidad de este seguro está en línea con una correcta política de protección social que siempre debe buscar que todos tengan una adecuada protección y evitar la fragmentación de los sistemas que genera distorsiones en el nivel de beneficio que se espera dar. En el Perú, aún tenemos el problema que asumimos que esos trabajadores no están suficientemente expuestos a riesgos significativos y, por lo tanto, no hace falta garantizar su adecuada atención frente a un accidente. Los números muestran nítidamente otra realidad.
En el inicio del gobierno de PPK, se avanzó aumentando el número de actividades incorporadas al SCTR, pero la norma solo duró 15 días antes de ser derogada. Hoy, después de este accidente fatal, seguimos esperando que el Gobierno avance en la tarea de darle a todos los trabajadores el combo de protección completa.
Si mañana falleciera otra persona en las mismas circunstancias que Alexandra y Carlos, sus familias solo tendrán esta protección parcial que ofrece el seguro de vida ley.
Sus deudos tendrán una indemnización, pero no una pensión porque esa actividad aún sigue siendo a juicio del Gobierno una actividad de bajo riesgo. Claramente, el combo de protección social sigue incompleto.