En el 2004, tres años después de haber implementado el régimen laboral agrario, la pobreza de los trabajadores del sector empezó a descender de manera sostenida, y para finales del 2017, había acumulado un retroceso de 43 puntos porcentuales: pasó de 81,3% a 38,3%, según un estudio de Apoyo Consultoría.
Mientras la pobreza bajaba, otros indicadores económicos del sector mejoraban en ese lapso: la productividad laboral anual creció un promedio de 4,3%; la formalidad pasó de 16% a 25%; y las exportaciones pasaron de US$1.077 millones a US$5.795 millones, entre varios ejemplos.
“Hace 14 años, los clientes nos compraban básicamente lo que Chile no les podía vender. En cambio, hoy estamos en el top 10 de exportadores de espárragos, paltas, mangos, arándanos, uvas, mandarinas y muchos otros productos”, sostiene Ricardo Polis, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP).
Si bien los resultados son alentadores, el presidente de la República, Martín Vizcarra, confirmó hace unos días que la ampliación del régimen quedará en manos del Congreso, donde deberá ser debatido. Además, el primer ministro César Villanueva señaló que no es necesario “matar” el régimen, pero sí hacerle reformas.
MEJOR TIERRA Y NO ARENA
A manera de resumen, la norma reduce el costo del trabajador para el empleador, no a través del salario (la remuneración mínima diaria para el sector son S/36,28, es decir, S/1.088 mensuales) sino de los aportes a Essalud (4%) y de las indemnizaciones por despido (15 remuneraciones diarias por año trabajado).
Además, la tasa del Impuesto a la Renta se reduce a 15% para las empresas adscritas. Según señalaron los ex ministros de Agricultura Milton von Hesse y Juan Manuel Benites a El Comercio, eliminar el régimen agrario –tal como piden la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)– sería un contrasentido entre quienes se ponen la bandera de la lucha contra las desigualdades, al no ver los resultados generados por la agricultura moderna.
“Aquí nos está ganando la ideología venida de los sindicatos y de la izquierda radical, que intenta cortar un ejemplo que deberíamos seguir en el resto de sectores”, afirmó Benites.
De acuerdo con estimados del Instituto Crecer, presidido por Benites, si no se amplía el régimen, se podrían frenar inversiones por más de US$3.500 millones al 2025.
CONTRADICCIONES
Dentro del Ejecutivo circula un documento elaborado por el Ministerio de Trabajo, el cual critica aspectos del régimen agrario. Este informe fue filtrado a algunos medios de comunicación en los últimos días.
Al respecto, la gerenta general de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Cómex), Jessica Luna, señaló que le preocupa que se estén usando cifras que no reflejan la realidad. “Se debe contrastar [este informe] con las cifras y fuentes oficiales, que están en el documento de Apoyo Consultoría”, dijo Luna. El estudio de la consultora fue elaborado a pedido de Cómex y AGAP.
“Siempre estamos ante iniciativas en contra de las cosas que funcionan en el país. El régimen es uno de los pocos sistemas que ha mejorado la formalidad en el Perú. La verdad, no entiendo el interés detrás de eliminarlo”, cuestionó Luna.
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