Los conflictos sociales alrededor de la actividad minera, cada vez más severos y radicalizados, explican en buena parte que la producción minera aún no recupere sus niveles prepandemia. A la par, la alta incertidumbre política también ha desincentivado la puesta en marcha de nuevos proyectos que puedan reemplazar el progresivo agotamiento de algunas minas. Urgen medidas que permitan aprovechar el superciclo de precios de los metales y asegurar la sostenibilidad de la actividad minera peruana.
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Conflictos y actividad
La minería es uno de los principales motores de crecimiento económico en el Perú: en los últimos diez años, aportó cerca del 9% del PBI, 59% de las exportaciones, 15% de la inversión privada y 10% de los ingresos tributarios.
No obstante, la creciente conflictividad social relacionada a la minería –concentrada en la segunda mitad del 2021– habría frenado buena parte del crecimiento del sector en el último año y el inicio del 2022.
La inaceptable paralización que enfrentan las operaciones de Las Bambas (Apurímac) y Cuajone (Moquegua) son ejemplos de ello. Según estimaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), los conflictos mineros le habrían costado al sector minero-metálico alrededor de 2,3 puntos porcentuales de crecimiento en el 2021. Es decir, la actividad minera se expandió 9,7% en el 2021, pero pudo haberse expandido 12% sin conflictos sociales. Ello habría significado un costo de más de S/1.500 millones, según cálculos del IPE.
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Héctor Collantes, director asociado en Fitch Ratings, confirma que la conflictividad social ha sido un problema recurrente en la minería. Sin embargo, el Gobierno actual se ha mostrado particularmente incapaz de conciliar las demandas de las comunidades con las de las empresas mineras. Ante ello, Collantes menciona que un manejo adecuado de los conflictos sociales requiere una autoridad establecida, reglas claras y una intermediación oportuna.
Adicionalmente, Collantes indica que los conflictos mineros suelen aumentar alrededor de las elecciones subnacionales. Por ello, estando a pocos meses de los comicios regionales y municipales 2022, advierte que, de no adoptar soluciones adecuadas ahora, será más difícil manejar estos conflictos en los próximos meses.
Agotamiento de minas
Incluso en un escenario sin conflictos sociales, el PBI minero en el 2021 se habría mantenido 3,5% por debajo de su nivel en el 2019. Ese resultado se debería, en gran parte, al progresivo agotamiento de recursos en algunas minas y la imposibilidad de poner en marcha nuevos proyectos. El caso más emblemático es el de Yanacocha en Cajamarca, que pasó de producir más de 90 millones de gramos de oro en el 2005 a solo 8 millones en el 2021, una reducción de 91%.
En ese sentido, el Perú no estaría invirtiendo lo suficiente en exploración para compensar la pérdida de potencial minero, sobre todo considerando el actual superciclo de precios. En el 2021, la inversión en proyectos de exploración sumó US$326 millones, aproximadamente un tercio de lo que se invirtió en el 2012, durante el anterior ciclo de precios altos.
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Además, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), a diciembre del 2021 la cartera de proyectos de exploración asciende a solo US$505 millones. Esa cifra resulta menos del 2% de la cartera estimada a finales de 2011 en más de US$26 mil millones.
Para Gonzalo Tamayo, exministro de Energía y Minas, la incertidumbre política sería el principal desincentivo a una mayor inversión en minería. Para Tamayo, la actitud claramente negativa del Gobierno hacia el sector ha introducido un riesgo sistémico nunca antes registrado en la continuidad de las operaciones mineras que, además, retrasa los proyectos de exploración. En esa línea, el BCRP estima una caída de la inversión minera de 15% hacia el 2023, mientras que la inversión en el resto de la economía crecería 4%.
Según el Instituto Fraser, la inestabilidad política y los conflictos sociales serían los factores que menos incentivarían una mayor inversión minera en el Perú. Sin embargo, estos no serían los únicos.
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Para Collantes, por ejemplo, la excesiva regulación afecta desproporcionadamente los proyectos pequeños, los cuales potencialmente podrían compensar parte de la caída en la producción minera y el deterioro en sus vidas útiles. Además, el economista destaca que en los últimos 15 años el tiempo necesario desde que se descubre una mina hasta el inicio de operación se ha duplicado, de 7 a 14 años. La pérdida de productividad minera del Perú es notoria, añade Collantes.
Es necesario tomar medidas urgentes para garantizar un clima adecuado para las inversiones y ofrecer soluciones sostenibles y oportunas a los conflictos sociales. Si no se logran estos objetivos, no solo se desaprovecharía el actual período de precios altos, sino que el agotamiento de recursos pondría en riesgo una de las actividades que más aportan a la economía peruana.
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