Una comisión del Congreso de la República rechazó una denuncia contra el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), a quien los acreedores acusan de manipular un fallo que eliminó el valor de bonos agrarios con décadas de antigüedad.
Los legisladores de la subcomisión de denuncias constitucionales votaron 8-2 a favor de desechar la queja presentada por el acreedor Augusto Pretel, cuyo terreno familiar fue confiscado como parte de una reforma agraria bajo la última dictadura militar de Perú.
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Pretel acusó al expresidente del TC, Oscar Urviola, de falsificar la firma de otro juez y forzar un fallo en 2013 que ordenó al gobierno calcular el valor de los bonos de terrenos utilizando las tasas del Tesoro de Estados Unidos en lugar de la inflación peruana. APJBA, una asociación de acreedores, dice que la fórmula utilizada reduce el valor de la deuda a unos pocos centavos por dólar.
La sentencia del tribunal y los decretos gubernamentales posteriores provocaron la ira del fondo de cobertura estadounidense Gramercy Funds Management LLC, que asegura poseer o controlar US$1.300 millones de la deuda. En 2016, Gramercy presentó una reclamación por US$1.600 millones en virtud del Acuerdo de Libre Comercio entre EE.UU. y el Perú, bajo el argumento de que la metodología redujo el valor de la deuda en más de 99%. Está pendiente la sentencia del tribunal de arbitraje.
La demanda de Gramercy enumeró las supuestas irregularidades en el fallo de 2013, que describió como “el producto de un proceso sorprendentemente contaminado”.
Calcular la deuda utilizando la inflación peruana en lugar de las tasas del Tesoro de EE.UU. habría producido una suma “exorbitante” (US$18.500 millones) que habría causado un agujero en las finanzas del gobierno, dijo Gerardo Eto Cruz, exvocal del TC, a los legisladores durante una audiencia del 9 de enero. El método de dolarización redujo la cantidad a alrededor de US$2.000 millones, dijo Cruz.
Según el informe de la subcomisión, no se ha probado que se haya falsificado documentos o la firma de un juez.
Javier Velásquez Quesquen, un legislador de la oposición que preparó el informe de la subcomisión, dijo antes de la votación del lunes que los denunciantes no se vieron directamente afectados por las supuestas irregularidades y que la denuncia no debía haber sido admitida en primer lugar. El Congreso negó previamente la admisión de 53 quejas relacionadas con el fallo de bonos agrarios.
“Este pronunciamiento no afecta a los tenedores de bonos agrarios ni sus derechos”, dijo Velásquez. “El estado peruano ha reconocido US$2.000 millones y quieren poner el fallo en tela de juicio, porque quieren cobrar US$18.000 millones”.
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