El informe final del equipo de expertos y académicos encargados de elaborar propuestas para la reforma del sistema de pensiones, financiamiento del seguro de salud y desempleo, que conformaron la Comisión de Protección Social (CPS), fue presentado ayer, y generó discrepancias en las AFP.
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Entre las principales conclusiones en materia de pensiones, el grupo de trabajo –convocado durante la gestión del ex ministro de Economía Alfredo Thorne– propuso modificar el sistema previsional peruano y convertirlo en un sistema único.
Esto a través de la creación de una entidad centralizadora, de cualquier naturaleza, sea privada, pública o mixta que centralice la recaudación de los fondos, cobranza, entre otras actividades administrativas, transfiriendo la gestión de las inversiones a las administradoras de fondos de pensiones (AFP).
“Este organismo centralizador ayudaría a completar la visión integral del sistema, de forma de capturar en favor del afiliado no solo los beneficios de procesos más eficientes y menos costosos de administración de cuentas, sino también los beneficios asociados a la prestación de una adecuada educación financiera”, argumenta el informe.
En este nuevo sistema integral, Augusto de la Torre, integrante de la comisión, explicó que la afiliación sería automática para los ciudadanos al momento de cumplir 18 años, quienes manejarán una cuenta de capitalización individual hasta su vejez.
“Realistamente, solo el 14% de peruanos hasta el momento puede aspirar a tener una pensión. Eso sí es un cierto desastre nacional”, destacó De la Torre durante su presentación.
Según el informe, la inversión del ahorro previsional se gestionaría con comisiones más bajas [en promedio menores al 0,6% del saldo], con horizontes de largo plazo y de manera consistente con la edad del afiliado.
Esta iniciativa, sin embargo, generó la desaprobación de la Asociación de las AFP. Su presidenta, Giovanna Prialé, aseguró que la propuesta de la CPS es de “alto riesgo” al no quedar claro si la entidad centralizadora será administrada por un sistema público o privado.
Con ello, criticó que se corre el riesgo de la “nacionalización de los fondos de pensiones”, pese a su intangibilidad.
“Aquí se habla de crear un monopolio estatal. Lo que va a pasar es que se va a reducir la competencia, no se controlarían las rentabilidades de los fondos y no se garantizaría su intangibilidad. Se estaría dando un retroceso”, precisó la ejecutiva.
“Entregar toda la gestión a una sola entidad pública es un riesgo enorme. Estamos hablando de una gran caja negra en la cual entra todo el dinero y una junta de notables es la que toma todas las decisiones. ¿Qué pasa si ese comité tiene intereses políticos?”, cuestionó.
DEL DICHO AL HECHO
Durante la presentación del informe, en el panel “La protección social y estabilidad macroeconómica”, Alfredo Thorne, ex titular del MEF, agradeció el trabajo de los comisionados y resaltó que la reforma implicaría dar grandes pasos hacia el cumplimiento de los deberes del Estado.
“Los números que ha dado Augusto [de la Torre] son escalofriantes. Que solamente el 14% de nuestra PEA tenga acceso a pensiones, es realmente algo que hay que repensar”, anotó Thorne.
En esa línea, repasó los efectos macroeconómicos que, según dijo, lograría una reforma como la planteada.
Estos serían el mejoramiento en la calidad de los servicios públicos; un efecto positivo en la productividad –que se concretaría a través del aumento de movilidad del sector informal al formal–; la formalización y una mayor equidad.
No obstante, Waldo Mendoza, presidente del Consejo Fiscal, criticó que la CPS haya realizado una labor de maximización sin restricciones y planteándose múltiples objetivos sin visibilidad que implica tener una sola fuente de financiamiento fiscal.
“Teóricamente, maximizar sin restricciones termina en un informe como este. Todos contentos, menos el Estado”, puntualizó el economista
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