“Vamos a hacer otras medidas adicionales, algunas de ellas las anunciaré en el mensaje a la nación el 28 de julio”, declaró hace un par de semanas el mandatario Ollanta Humala. Hoy se espera que, durante su mensaje presidencial, presente un tercer paquete de medidas económicas, destinadas a evitar la preocupante desaceleración de la economía del país.
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El foco de los dos anteriores paquetes ha sido el destrabar las inversiones del sector privado y reducir los excesos burocráticos. En esa línea, se estima que lo que se proponga se centrará en reducir sobrecostos laborales a las empresas. La duda es si irá más allá de los temas relacionados con trabas burocráticas o ahondará en la tan discutida rigidez en el mercado laboral, que implicaría cambios en los actuales estándares de los trabajadores. Lo cierto es que el Ejecutivo ya comenzó a recortar algunas cargas burocráticas excesivas en lo laboral en su anterior paquete, como las observadas por las empresas a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Durante tres años, la Sunafil aplicará como multa máxima el 35% de la que corresponda a cada caso. Entonces, ¿hacia dónde deben caminar las nuevas propuestas del Ejecutivo en el tema laboral?
SEGUIR LOS RECORTESCésar Peñaranda, director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), considera que se debe seguir en la línea de recortar más costos laborales. A su entender, estos están impidiendo que se bajen las cifras de informalidad en el país. El economista recuerda que, según un estudio de la CCL, el Perú tiene los costos más elevados de la región (ver infografía).
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Con este pedido, remarca, no se quieren desconocer los beneficios logrados y señalados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sino que se eliminen aquellas exigencias que se han creado por encima de dichos derechos.
En cambio, el laboralista Germán Lora dice que no habría más costos que recortar, ya que existen regímenes especiales donde se diferencian los beneficios a los trabajadores.
“El tema no pasa por ahí. Hemos tenido años buenos, económicamente hablando, con los mismos costos laborales. Estos no se han aumentado”, dijo.
Al respecto, su colega Jorge Toyama también recuerda que las Mypes ya tienen los costos reducidos, por lo que no se podría bajar más la valla.
Sin embargo, menciona que es necesario marcar diferencias entre los sobrecostos y la rigidez laboral. A su modo de ver, esto último sí debería recortarse. Según el Banco Interamericano de Desarrollo y el World Economic Forum, el Perú es uno de los 20 países que tiene la mayor rigidez laboral en el mundo.
Sobre este punto, el ex viceministro de Trabajo Julio Gamero, indica que en el Perú no se puede hablar de rigidez ya que, si uno mira al sector asalariado privado, encontrará que uno de cada cinco trabajadores tiene contrato indeterminado. El resto está empleado mediante distintas modalidades. “De haber rigidez no veríamos que el empleo viene creciendo en los últimos años”, remarca.
Para Gamero antes de pensar en los temas de sobrecostos o de rigidez laboral, las medidas del Gobierno deberían centrarse en tener mano de obra debidamente calificada, que ayude a las empresas a mejorar su competitividad y productividad.
El economista Norberto García resalta que una mejor productividad en las empresas traerá consigo menores costos en su estructura. “En China se incrementa anualmente este indicador (competitividad) entre 2% y 3%, lo cual quiere decir que se reduce, en promedio, sus costos totales en 5% y 6% al año”, señala.
CADA CASOToyama agrega que es clave tener un sistema laboral más atractivo para la inversión privada, si queremos seguir en la senda del crecimiento económico.
Considera que no hay soluciones estándares para todas las empresas del país.
“Cada tipo de trabajador y empresa requiere de una reforma especial. En el caso de la microempresa, la apuesta está por el lado de la simplificación tributaria, administrativa y políticas que incentiven la contratación en planillas. La gran empresa requiere flexibilización en la contratación y salida para mejorar la competitividad”, remarca.
García también hace énfasis en que se debe conocer la realidad de las empresas para crear e impulsar medidas políticas.
Insiste en que no existe una concepción clara sobre el incremento de la competitividad de las empresas. “Si concentramos la discusión en el tema de la reducción de los sobrecostos laborales nos alejamos de lo importante: ver las políticas de aumento de la productividad. Todos los años no se pueden reducir los costos”, sostiene.
Impulsar un sistema de incentivos al aumento del rendimiento en las empresas sería - a su modo de ver - uno de los pilares para dar el salto en competitividad.
Gamero cree que lo fundamental en este tema es impulsar la capacitación. Países vecinos como Chile y Colombia invierten en formar mejor mano de obra hasta tres veces más que el presupuesto total del Ministerio de Trabajo peruano (el cual asciende a US$97 millones). Cabe decir que los programas de formación se llevan gran parte de las inversiones de dicha entidad.
Para Peñaranda el incluir a más trabajadores al mundo formal vía una mayor flexibilidad laboral, traerá consigo que las empresas –que se estarían poniendo a derecho– inviertan en capacitación. “Esto debe estar acompañado de un fuerte foco en la eliminación de las barreras burocráticas y flexibilizar las políticas tributarias. Con esto se mejora el ambiente de negocios y de productividad. Así podríamos impulsar la economía que hoy se encuentra creciendo un ritmo decreciente”, dice.
El Gobierno nuevamente tiene entre sus manos la posibilidad de implementar una verdadera reforma que acabe con la rigidez y sobrecarga laboral que resta competitividad a un gran número de empresas en el país. Esperemos que hoy no desaproveche esa oportunidad.
RECORTE DE SOBRECOSTOSRecientemente el Congreso aprobó cambios en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales estarían generando sobrecostos a las empresas.
Entre ellos se elimina la obligación de tener médicos ocupacionales en planilla y se reduce la responsabilidad penal.
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