El Ejecutivo observó la ley que suspende el cobro de peajes, la cual fue aprobada por el Congreso de la República hace poco menos de un mes.
A través de esta ley, se buscaba suspender el cobro de peajes en la red vial nacional, departamental y local concesionada durante el estado de emergencia nacional a raíz de la propagación del coronavirus. Dicha suspensión, decía el documento, “no causará ni generará derecho compensatorio”.
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Al respecto, en sus argumentos, el Ejecutivo explicó que esta autógrafa implicaría una vulneración del derecho fundamental a formular peticiones. Así sucedería puesto que “ante la suspensión del cobro de peaje, se pretendería impedir que los concesionarios de infraestructura vial soliciten la evaluación de los mecanismos contractuales pactados”.
Asimismo, desde el Ejecutivo señalaron que los contratos de asociación público-privada contribuyen con el crecimiento de la economía nacional, así como el cierre de brechas de infraestructura. Sobre este último punto, afirmaron que este cierre se consigue mediante el cobro de peaje por parte del concesionario.
También, se mencionó que no se puede desconocer que cada contrato de concesión regula distintos mecanismos compensatorios que los concesionarios pueden activar, como la garantía tarifaria o el restablecimiento del equilibrio económico financiero, “cuyo cumplimiento se encuentra enmarcado en el artículo 62 de la Constitución Política del Perú y la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional”.
En vista de ello, afirman que el supuesto de hecho regulado en la autógrafa de ley, referido a que la suspensión no causa ni genera derecho compensatorio resulta inconstitucional, toda vez que “desconoce los mecanismos de compensación estipulados en los contratos de concesión”, fundamenta el Ejecutivo.
En otro punto, mencionan que la autógrafa no ha considerado que ante una suspensión se puede desencadenar que los concesionarios de concesiones viales autofinanciadas suspendan también las obligaciones de transitabilidad, mantenimiento rutinario, así como la atención de emergencias viales.
Por último, hicieron referencia al análisis costo-beneficio de la iniciativa legislativa.
“La suspensión del peaje ocasionaría la existencia de un alto riesgo de demandas a nivel judicial, y por consiguiente, el pago de altas indemnizaciones a favor de los concesionarios; asimismo, puede concluirse que la medida que se pretende aplicar, no termina beneficiando a la población en general”, se lee en el documento.
La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.
El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.
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