Una moto lineal y una granada. Eso es todo lo que necesitan hoy en día algunos seudosindicatos para aterrorizar a sus víctimas y seguir alimentando una ‘industria’ muy lucrativa: la extorsión en el sector construcción civil.
Una ‘industria’ que puede llegar a mover sumas astronómicas. Si bien la violencia en obras es un fenómeno que ha crecido junto con el ‘boom’ constructor por más de una década, es recién ahora que la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) ha podido estimar el impacto en el sector.
Lelio Balarezo, presidente del gremio, comenta que tras hacer una encuesta entre sus afiliados, Capeco ha estimado que en promedio las bandas criminales que han copado muchos de los sindicatos del ramo exigen 1,5% del valor de las obras para ‘asegurar la paz laboral’ y no paralizar los proyectos. “El monto puede variar entre 1% y 2%, pero el promedio es 1,5%. Lo que la empresa termine entregando puede variar por el tamaño de la obra y la forma cómo lidie con los extorsionadores”, dice Balarezo.
Eduardo Lechuga, vicepresidente del Gremio de Infraestructura, Edificaciones e Ingeniería de la CCL, coincide con la estimación.
¿Cuánto significa ese monto? La suma exacta es difícil de estimar, pero si tenemos en cuenta que la inversión anual solo en el mercado inmobiliario bordea los S/.6.000 millones –según la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI)– podríamos estar hablando que por este ‘rubro’ estas bandas criminales obtienen unos S/.90 millones por año.
Pero ahí no queda todo, pues la extorsión directa a los empresarios no es la única vía ilegal por la que consiguen dinero estos seudosindicalistas. Y es que en más de 10 años de operar prácticamente a sus anchas, los delincuentes se han ‘sofisticado’ y ahora también pueden exigir la contratación de empresas proveedoras fantasmas a los constructores. Una fuente de la Policía Nacional (PNP) comentó para este informe que el inicio de la lucha contra este flagelo ha llevado a estas mafias a operar de esa forma para ‘justificar’ el dinero que reciben de las empresas extorsionadas.
Claro está que la imposición de ‘seguridad particular’ y la ‘cuota sindical’ que cobran a los trabajadores –que varía entre S/.10 y S/.20 semanal– no han sido dejadas de lado. Solo con esta última modalidad, los delincuentes pueden embolsicarse ingentes sumas. Para muestra un ejemplo: según el Ministerio de Trabajo, actualmente hay unos 500 mil trabajadores vinculados a la construcción civil en el país. Si asumimos que la mitad de ese grupo es absorbida por las obras de autoconstrucción, quedan unos 250 mil trabajadores plausibles de extorsión.
Luego, si el 40% del grupo restante es obligado a aportar la ‘cuota sindical’ más baja, hablamos de S/.1 millón semanal que se reparte entre los cabecillas. Esta suma no incluye el pago de la primera semana de trabajo de los obreros colocados, el mismo que es requisado por el ‘sindicato’.
Se puede pensar que la suma es arbitraria, pero Capeco y algunos empresarios consultados coinciden en que estas mafias colocan entre el 40% y el 50% de los obreros en los proyectos capturados. A esto hay que añadir que una fuente de la Dirección de Protección de Obras Civiles de la PNP (Dirproc) asegura que al menos el 90% de las obras que requieren un inversión mayor a 50 UIT (S/.192.500) son ‘tomadas’ por estas mafias. Más aún, la misma fuente dice que cuando una obra es capturada, absolutamente todos los obreros son obligados a pagar la cuota sindical. “No importa que no estén afiliados, los días de paga se aparecen los cabecillas armados y recolectan el dinero”, asevera el oficial.
Además, si la obra es lo suficientemente grande –añade– se puede dar el caso de que dos sindicatos ‘compartan’ las ganancias. En estos casos, los obreros de construcción civil tienen que pagar dos cuotas semanales.
Otra fuente comenta que en Piura se ha llegado al extremo de que los sindicatos locales están exigiendo colocar también una cuota del personal profesional en el proyecto de modernización de la refinería de Talara, proyecto que demandará la inversión de US$3.500 millones. Todo un nuevo hito para estas bandas criminales.
Pero allí no queda la cosa. Aún falta sumar lo que otra fuente del sector nos dice bajo la condición del anonimato: las empresas medianas o grandes amedrentadas también pueden llegar a pagar hasta US$200 mil por la ‘seguridad particular’ en sus respectivos proyectos. Bajo este rubro, los delincuentes ‘velan’ por la seguridad de la plana gerencial y profesional de las empresas y las ‘defienden’ de los ataques de otros seudosindicatos.
Todas estas cifras dan luces del por qué de la lucha a muerte que libran estas bandas criminales, las que provocaron 34 muertes asociadas al cobro de cupos solo durante el primer semestre del 2014.
Pero si usted cree que este flagelo solo impacta en los empresarios y trabajadores del sector se equivoca por varias razones. Primero porque todos estos cobros ilegales son trasladados directa o indirectamente al consumidor final, ya sea como un mayor costo de la vivienda o de las obras de infraestructura. Segundo porque estos sobrecostos desalientan las inversiones, especialmente en zonas como el Callao.
Eduardo Fiestas, gerente comercial de la consultora Tinsa, explica que entre las razones que explican la poca inversión inmobiliaria en el puerto Chalaco están la proliferación de seudosindicatos de construcción civil y la poca demanda observada ante los problemas de seguridad.
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