El presidente de Indecopi, Ivo Gagliuffi, destacó a El Comercio los avances de la entidad en materia de competencia y protección al consumidor, así como en la digitalización de trámites.
—¿Recientemente destacaron que el ahorro potencial por la desactivación del cártel entre Kimberly Clark y Protisa, por el papel higiénico, implicó un ahorro de S/1.144 mlls. ¿Qué otras concertaciones han detectado? En temas de competencia, Indecopi maneja 40 investigaciones preliminares. Estos abarcan diversos sectores del mercado. Paralelamente, existen 10 programas de clemencia y el primero que ha generado una resolución ha sido el papel higiénico.
El informe del impacto de ese caso tiene como objetivo concientizar a la ciudadanía de la importancia de que las agencias de competencia tengan programas de clemencia. Porque lo que pasa en el mundo es que los casos de clemencia generan sentimientos encontrados.
Porque puede dar a entender que se están exonerando grandes multas por malos actos.Se piensa que implica impunidad. Y hay que entender a la gente que lo considera así. Pero queremos demostrarles que para las agencias de competencia del mundo es preferible generar incentivos para que uno de los miembros del cartel los delate porque eso te permite desactivar el cartel casi inmediatamente.
Yo renuncio a la multa, pero logro que a la gente no le sigan sacando la plata del bolsillo.
—Sobre las barreras burocráticas, ¿al primer semestre de este año tienen calculado el ahorro potencial?Aún no, pero prevemos que va a ser bastante potente. En el 2017 levantamos casi 4.000 barreras. El impacto que tuvo en la economía como ahorro potencial para la gente fue de S/430 millones. Al cierre de este primer semestre, vamos un poco más de 2.000, con lo cual es probable que lleguemos a los mismos niveles o más que el 2017.
—¿Se podría calcular lo que teníamos antes en barreras versus lo que tenemos ahora?No tenemos la data empírica, pero sí estamos levantando la información. Pero en ese punto debo resaltar que nuestra política pública de eliminación de barreras burocráticas es una política autodestructiva.
—¿Cómo así?Medimos el éxito de la política si es que es regresiva. Por ello la nueva ley anti barreras tiene un triple enfoque de política pública. Primero está la columna preventiva, en la cual capacitamos a los funcionarios públicos que elaboran los TUPAS (Texto Único de Procedimientos Administrativos).
La segunda política es la persuasiva. Como Indecopi te mando una comunicación y te invito a levantar una barrera de manera voluntaria y te doy un plazo. Si no la levantas, yo te puedo denunciar e imponerte una multa de hasta 20 UIT como funcionario público.
La tercera es reactiva: si no levantas la barrera y la descubro, la denuncio. Así, apuntamos a que en unos años no hayan barreras y que el funcionario entienda que no tiene por qué crearlas.
—En CADE 2017 habló de la necesidad de tener un Indecopi mucho más preventivo tras los casos que surgieron como el de Pura Vida, las conservas de atún, entre otros. ¿Cómo se ha implementado esta necesidad en las políticas de competencia y protección al consumidor?En temas del consumidor se ha identificado cuáles son los sectores más sensibles para la ciudadanía, que son aquellos que componen la canasta básica: transporte, educación, inmobiliario y alimentos. Eso implica que no vamos a fiscalizar una marca o una empresa, sino todo un sector. Nuestra visión es adelantarnos en la medida en que sea posible.
En competencia, parte de la premisa de que hay que ser muy agresivos para identificar cárteles. Para eso tenemos herramientas como las denuncias de parte o de oficio, los programas de clemencia, y la tercera, que salió hace un mes, son las recompensas monetarias, dirigidas a cualquier persona que sepa que hay un cartel. Estas entregan las pruebas y ahora indecopi puede recompensarlo.
Este año Indecopi ha estado muy activo. Nos hemos comprado el pleito. Queremos que la gente nos reconozca por ser preventivos, no reactivos.
LEY DE FUSIONES Y ADQUISICIONES—En línea con otras políticas que hay a nivel internacional, en el país se está debatiendo una ley de fusiones y adquisiciones en el Congreso.En el Perú se viene discutiendo esta política que es casi internacional. Todos los países de la OCDE —salvo Luxemburgo— la tienen.
—¿Es necesaria la reglamentación si queremos ser un país OCDE?No es una exigencia explícita, pero definitivamente es parte de las recomendaciones para aquellos países que postulan. Después de 27 años de políticas de competencia en el Perú, sí creemos que el país ha ido cambiando y en esa línea consideramos válido que exista un debate que requiera un control previo de fusiones.
—¿Qué opinan del dictamen que salió de la comisión de Economía del Congreso? ¿Cuáles son las principales consideraciones técnicas que debe tener esta ley?Lo primero es el umbral. Cuando dos empresas se fusionan, si sus ventas al año superan determinado monto pasan un umbral y eso quiere decir que deben pedir autorización a la agencia de competencia. Luego hay tres opciones: que denieguen la fusión porque es completamente perjudicial a la economía, que la aprueben con condiciones o que te la aprueben sin condiciones. A nivel mundial la estadística te revela que el 1% y 3% son denegadas. 5% y 8% son aprobados con condiciones y casi el 90% son aprobados sin condiciones.
La segunda premisa es que el umbral siempre tiene que ser razonable. Si pones el umbral muy bajo, te dedicas a observar fusiones que no tienen impacto.
—¿Y el actual lo es? Nosotros hemos propuesto técnicamente un umbral de 120.000 UIT. Son S/498'000.000, más o menos US$151 millones. Ese es un umbral razonable porque está en la línea de los umbrales OCDE. Pero la comisión de Economía ha puesto un umbral de 100.000 UIT (US$100 millones aproximadamente). Sigue siendo un umbral razonable, pero, por los cálculos que hemos hecho de operaciones, implicaría que al año Indecopi revise 10 a 12 operaciones al año.
—Y eso implica mayor presupuesto... ¿con ese cálculo determinado cuánto necesitarán?Hemos estimado un costo hundido de entre S/5 a S/6 millones al año porque necesitas que una división especial de control de fusiones se cree. Hemos calculado un equipo entre 15 a 25 funcionarios, principalmente economistas. [...] Entonces, el primer tema técnico y que impacta en presupuesto es umbrales. Esperemos que [el umbral] no baje de 100 mil UIT.
—¿Hay una propuesta para bajarlo más?En la comisión de Defensa del Consumidor del Congreso hay una propuesta para bajar el umbral de 80 mil UIT, con lo cual tendríamos que revisar entre 15 a 20 operaciones al año. Y comenzamos a revisar cosas que no tiene impacto.
—¿Qué otras disposiciones deberían tomarse en cuenta para el proyecto que está en debate?Hemos pedido que no se calcule el umbral por ‘market share’, porque ahí entras a discutir con el proveedor si él cree que su cuota de mercado depende de sus ventas, o del territorio, o de sus clientes. Es mucho más objetivo utilizar índices cuantitativos.
Adempas, tienes que tener procedimientos diferentes: uno de fast track para fusiones que ves que no van a tener mayor impacto y un procedimiento ordinario para fusiones que se deben analizar con calma. Finalmente, el cuarto tema técnico es que Indecopi necesita que se le liberen los topes remunerativos para contratar a más talento.
DIGITALIZACIÓN—Un año atrás mencionó que su sueño es que Indecopi esté 100% digitalizado. ¿Se ha logrado ese 100%? Vamos muy bien, aún no [está todo digitalizado], pero estamos en esa línea. Con el PIDE [Plataforma de Interoperabilidad del Estado], que hace que el Indecopi ya no tenga que pedir a la gente ningún documento ni información que ya tenga el Estado de la persona, se estimó que, solo por no pedir la copia del DNI o vigencia de poderes, se logró un ahorro de S/6’900.000 al cierre del tercer trimestre. El segundo producto fue la gaceta electrónica de propiedad industrial. Desde julio del 2017 a agosto de este año el ahorro para la gente ha sido de S/11,38 millones.
La segunda etapa del Indecopi digital es el PISAC (Plataforma Interactiva para el Servicio de Atención al Ciudadano). Lo sacamos en julio, lo estamos estabilizando y estaría para el primer trimestre del 2019. Para el próximo año también queremos escalar a las principales regiones del país, las que tienen mayor impacto económico o mayor cantidad de reclamos: Arequipa, Piura, Cusco y Lambayeque. Y vamos a implementar también la notificación electrónica el próximo año. Hacia el 2021, la idea es que todo el expediente ya sea electrónico.
RED DE CONSUMO SEGURO Y SALUD DE LA OEA—Indecopi asumió ayer la presidencia de la Red de Consumo Seguro y Salud de la OEA. ¿Qué se ha logrado a través de esta red? El Perú es parte de la red de alerta del consumo desde el 2014. A través de esta, hemos logrado potenciar nuestro propio sistema de alertas de consumo. Desde marzo de este año, el sistema de alertas de consumo que maneja el Indecopi es digital.
Lo segundo es que los consumidores pueden realizar alertas que son filtradas por el Indecopi a través de canales oficiales. Cruzamos información oficial con otros pares o con el proveedor. Pero si es cierto, también lo informamos.
El tercer aspecto es que los consumidores también se pueden inscribir al sistema de alertas de consumo dando su correo electrónico y cada vez que haya una alerta, recibirla a su correo de manera inmediata. Ese sistema de alertas el Perú lo está proponiendo también para fortalecer el sistema de alertas de consumo de la OEA.