Inversión en el Perú acumula una de las mayores caídas de la región y afecta estos sectores

Hace casi un año, Dina Boluarte asumió la presidencia en un contexto de alta incertidumbre política y baja confianza empresarial. Tras enfrentar episodios de conflictividad social y desfavorables fenómenos climáticos, los esfuerzos del Ejecutivo han sido por ahora insuficientes para revertir los daños de estos eventos, así como para reactivar la inversión privada. A esto se le añade un entorno internacional de menores precios de los metales y mayores costos de financiamiento. El principal reto hacia adelante será revertir el deterioro de las expectativas de crecimiento, que son de las más bajas de la región.

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En el último año, diversos choques adversos golpearon a la economía peruana. Los conflictos sociales y fenómenos climáticos afectaron actividades como el turismo, agricultura y pesca. Asimismo, el continuo deterioro de la inversión privada se reflejó en fuertes caídas de la construcción y manufactura. Con ello, las expectativas de crecimiento para el 2023 han sido cada vez más bajas, alcanzando apenas 0,1% al cierre de octubre, según encuestas recogidas por el Banco Central de Reserva. Ello contrasta con la mejora en las proyecciones de crecimiento para América Latina.

La desaceleración económica se da en un contexto de condiciones laborales aún deterioradas por la pandemia y de una elevada inflación que ha afectado la capacidad de compra de los peruanos. Los salarios ajustados por la inflación se ubican por debajo de sus niveles prepandemia, tanto para los trabajadores formales como informales, a diferencia de países como México y Chile donde los ingresos ya se han recuperado; o Brasil o Colombia, donde los ingresos permanecen solo ligeramente por debajo del 2019. Esto ocurre en un escenario de menores expectativas de contratación, que se traducirían en la mayor caída del empleo al cierre del año (-0,7%) en al menos 20 años, sin considerar la pandemia, según estima el IPE.

El gobierno de Boluarte no ha logrado recuperar la confianza de los empresarios, lo que se ha traducido en cinco trimestres consecutivos de caída de la inversión privada. Este escenario no pudo ser compensado con una mayor inversión pública, que más bien acumuló una contracción de 3% entre enero y octubre, al tratarse del primer año de gobierno de las autoridades regionales y municipales. Este aspecto se torna más preocupante en un contexto de preparación frente al Fenómeno El Niño, en el que regiones vulnerables como La Libertad, Tumbes y Áncash han ejecutado menos del 40% de los recursos asignados para ello. En suma, entre enero y setiembre, el Perú registró el mayor retroceso de la inversión total (-7,6%) entre las principales economías de la región.

Desde el inicio de la actual gestión, el entorno internacional se ha tornado menos favorable para la economía peruana. El precio del cobre acumula un retroceso de casi 12% desde los picos alcanzados a inicios de 2023. Además, los costos de financiamiento externo han repuntado a sus mayores niveles desde el 2007. Este contexto ha provocado una fuerte salida de capitales de países emergentes como el Perú, lo cual generó consecuencias como la rápida y significativa subida del tipo de cambio durante el tercer trimestre del año.

La desaceleración económica y el desplome en los precios de materias primas causaron una de las mayores caídas de la recaudación de las últimas décadas. Entre diciembre de 2022 y octubre de 2023, los ingresos anualizados del Gobierno han registrado un retroceso equivalente a más de 2 puntos del PBI. Ello contrasta con lo observado en el primer año de gestión de gobiernos previos, que gozaron de mayor espacio fiscal. En ese contexto, es importante dejar de postergar las reformas para ampliar la base de contribuyentes, y evitar la aprobación de más exoneraciones.

Si bien las expectativas empresariales mejoraron a inicios de año, la falta de un mensaje claro a favor de la inversión ha evitado que estas retornen a terreno optimista en el corto plazo. Asimismo, las contradicciones en el Ejecutivo alrededor de temas como PetroPerú, Tía María y el salario mínimo vital, no han contribuido a que esta dinámica se revierta. Ello pese a algunos resultados positivos en materia de inversiones como el significativo incremento en las adjudicaciones de APP. Por su parte, lo que sí logró recuperarse este año fue el relativo optimismo sobre los próximos 12 meses, que se mantiene, pero cada vez con mayor cautela.

Si bien el Perú atraviesa un periodo de bajo crecimiento, sus fundamentos macroeconómicos se mantienen sólidos comparados a otros países comparables. Por ejemplo, el déficit fiscal como porcentaje del PBI entre el 2023 y 2024 sería menos de la mitad de lo que registrarían las economías emergentes, en promedio. Además, el Perú se ubica como uno de los países con menor deuda pública en la región ( 33% del PBI). Sin embargo, las persistentes presiones en las partidas más rígidas del gasto público – como remuneraciones – podrían comprometer la sostenibilidad de estos fundamentos hacia el mediano plazo.

A futuro, uno de los mayores desafíos económicos de la gestión de Boluarte será recuperar el liderazgo del Perú en el crecimiento de América Latina. Las proyecciones del PBI para el 2023 y 2024 son significativamente inferiores al desempeño de la economía peruana en las dos décadas previas. Además, se ubican por debajo del avance promedio anticipado para otros países de la región como México, Brasil y Colombia. Este bajo dinamismo no es exclusiva responsabilidad de este gobierno, sino que viene de más de una década atrás. Sin embargo, sin una agenda clara para recuperar la inversión y la capacidad de crecimiento a un ritmo de al menos 4% anual, será difícil que se pueda recuperar el empleo, los ingresos de las familias y revertir el aumento que ha registrado la pobreza.