Este miércoles, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, convocó para mañana, jueves 19 de enero, a sesión del Concejo Metropolitano para debatir y realizar la votación sobre la resolución del contrato de la concesión vial Rutas de Lima.
“El día de mañana (jueves) les pido a los regidores estar todos presentes porque será un día histórico para la municipalidad y para el Perú. Vamos a pedir su voto para una decisión trascendente que dará el ejemplo a todo el Perú: sacar a Odebrecht de esta municipalidad. Mañana sale Odebrecht de acá”, indicó el burgomaestre en su discurso por el 488 aniversario de Lima.
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López Aliaga remarcó que “será una decisión sustentada y prevista en los contratos”, por lo que pidió el apoyo de los regidores.
“Necesito su voto, que ojalá sea unánime, creo que nadie (se opondrá), después de los argumentos que hemos trabajado durante dos semanas, va a ser una decisión sustentada, constitucional, totalmente legal, prevista en los contratos”, enfatizó.
Rutas de Lima tiene a su cargo la mejora y conservación de tramos de la Panamericana Sur, la Panamericana Norte y la autopista Ramiro Prialé. En 2016 Odebrecht vendió el 57% de la concesión al fondo canadiense Brookfield Asset Management. La firma brasileña conservó un 25% de participación, mientras que el 18% restante le corresponde a Sigma SAFI.
A través de un comunicado la empresa mostró su “absoluto rechazo” a la posible decisión de la Municipalidad de Lima de acordar “la terminación anticipada del contrato de concesión”.
“Ante la inesperada medida tomada por la Municipalidad de Lima (MML) de convocar al Concejo Municipal para decidir sobre la terminación del contrato de concesión de Rutas de Lima, el concesionario expresa su absoluto rechazo ante esa arbitraria decisión”, afirmó la compañía a través de un comunicado publicado en Twitter.
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También advirtió que, de concretarse el hecho, tomará medidas legales contra el Estado Peruano.
“La empresa mantiene su disposición al diálogo con la autoridad competente, sin embargo, si se procede a la terminación, se reserva el derecho de iniciar las acciones que estime convenientes ante esta ilegítima decisión”, indicó.
“Una eventual terminación del contrato de concesión generaría que la MML esté obligada a asumir el pago inmediato de los importes establecidos en el contrato de concesión, tanto en favor del concesionario como de las entidades financieras, entre otros, en desmedro de la atención de las necesidades urgentes de la población. Ello sin perjuicio de que tanto la MML como el Estado peruano quedarían expuestos a nuevos reclamos internacionales que conllevarán al pago de mayores indemnizaciones a las que hoy la MML ya adeuda. Asimismo, constituiría un grave atentado contra la inversión privada en el Perú”, agregó.
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Según el contrato de concesión, el concedente tiene la facultad de terminar unilateralmente el acuerdo “por razones de interés público debidamente fundadas”. Tras este hecho, Rutas de Lima deberá acreditar ante la MML el monto desagregado de las inversiones realizadas en bienes de la concesión y en sus bienes afectados y presupuestará el monto a pagar.
En su comunicado, la empresa indicó que invirtió más de S/2.200 millones en el proyecto. Este sería el monto mínimo que se pagaría en compensación.
Antecedentes
Rutas de Lima recordó que ya ha recibido un fallo a favor en dos arbitrajes internacionales en los que la Municipalidad de Lima había solicitado la nulidad del contrato por corrupción. Además, aseguró que la MML y el Estado peruano podrían afrontar nuevos procesos en instancias internacionales.
“Los tribunales arbitrales desestimaron los argumentos de la Municipalidad (de Lima) en última instancia, lo cual constituye que el contrato de concesión es válido y vigente”, indicó.
Dato
La adjudicación del proyecto actualmente es investigado por la fiscalía, pues en la planilla de pagos ilegales de Odebrecht se registraron transferencias por US$711.000 al codinome “Budian”, que se refiere a José Miguel Castro, exfuncionario de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán. La tesis fiscal es que el dinero entregado se debió a negociaciones ilícitas por la adjudicación y la primera adenda al contrato del proyecto.
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