Durante el mensaje a la nación, el presidente Martín Vizcarra anunció que preparan desde el Ejecutivo un proyecto para una nueva Ley General de Minería, ante una regulación que tiene cerca de 30 años de vigencia y no se adecua a la realidad actual del país.
“Se hace necesario actualizarla para que se adecue a nuestra realidad, brindando un marco legal claro a los inversionistas dando tranquilidad y desarrollo para todos”, indicó durante su discurso, sin dar más detalles sobre la nueva norma.
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El anuncio se hace luego de que el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, dijera que “en pueblos como Apurímac y Cajamarca hay varios conflictos, tengo entendido, porque existe una mala ley de minería que le da más importancia a las mineras y no a la población”.
Si bien Marcial García, socio de Impuestos de EY, está de acuerdo en que se trata de una regulación antigua que necesita algunos ajustes, no considera que sea el momento adecuado para llegar a consensos con el Congreso —ante la crispación política— en un tema tan complejo.
La viabilidad del nuevo proyecto será difícil de conseguir, considerando que anteriores modificaciones a la Ley General de Minería por parte del Gobierno no han podido ser corregidas en plazos mayores al actual. Así sucedió con un cambio introducido al régimen del convenio de estabilidad tributaria (herramienta que garantiza a los inversionistas que el Estado no cambiará las “reglas de juego”) durante el gobierno de Ollanta Humala (ley 30230).
Como consecuencia de ello, la ley resultó inaplicable pues tenía artículos que no se conciliaron con los pre existentes, indica el experto. Así, ya no se pueden celebrar convenios de estabilidad tributaria, dado que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no ha emitido los modelos de contratos que permiten suscribir este tipo de convenios.
“Si no han podido corregir esto en cinco años, es bien optimista que en un plazo tan corto en medio de una discusión política de tal envergadura, ante la propuesta de adelanto de elecciones, se pueda llegar a consensos respecto a la aprobación de una norma como esta”, agregó.
En tanto, aclaró que la Ley de Minería no regula la distribución del canon ni la determinación de los impuestos de las mineras, por lo que los pedidos de gobernadores respecto a este tema carece de sentido.
¿QUÉ DEBE CONSIDERAR?De acuerdo al director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor, es clave que se trabaje en la simplificación administrativa minera para que los procedimientos que en la actualidad vienen demorando puedan verse liberados.
Asimismo, espera que en la nueva Ley de Minería se tengan en consideración una serie de temas que se han ido trabajando en las mesas ejecutivas lideradas por el MEF con la SNMPE.
“En el seno de las mismas se han identificado 16 temas prioritarios que se han ido abordando y sería bueno que puedan abordarse de manera puntual en la norma”, añadió.
Anteriormente, la SNMPE había indicado que se establecieron tres mesas (minería, eléctrica, y de hidrocarburos), y una mesa transversal que ve los temas de interés de los tres sectores. En la mesa minera, dijo, se está discutiendo el tema de cabecera de cuenca; así como se evalúan temas de carácter regulatorio para darle mayor agilidad a los trámites y las inversiones que afectan a las empresas.
LOS CAMBIOS RIESGOSOSLa actual Ley General de Minería contempla más de 200 artículos, que contiene un título de garantías y medidas de promoción de la inversión que podría ser modificado, advirtió García.
“Hay beneficios básicos, el régimen tributario, el régimen de estabilidad tributaria, que son garantías fundamentales para el desarrollo de proyectos intensivos en capital”, advirtió el socio de EY.
Además, el director ejecutivo de la SNMPE indicó que un tema preocupante es el que la gran minería pueda ser manejada por los gobiernos regionales y locales.
“Es un pedido de los gobernadores, que no tienen necesariamente una actitud favorable al sector, sería un error garrafal modificar la norma para que la gran minería sea materia de pronunciamientos o permisos o autorizaciones de gobiernos regionales y locales. Tratándose de recursos de todos los peruanos, corresponde al gobierno central”, indicó.
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