Un estudio del Centro de Investigación Empresarial de Perú Cámaras reveló que el 92% de la población de entre 18 y 24 años se encuentra ocupada, sin embargo casi el 82 por ciento de este segmento no tiene ningún beneficio laboral.Follow @PortafolioECpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');
El informe señaló que el 54,4% de los jóvenes trabaja sin contrato; el 18,2% tiene un contrato a plazo fijo y que un 3,2%, contrato de aprendizaje.
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Asimismo el 2,5% labora con contrato indefinido; el dos por ciento, con convenio de formación laboral juvenil; el 1,2 por ciento, contrato por locación de servicios; y el 0,5 por ciento se encuentra en periodo de prueba.
Precisó que de ese total, los jóvenes que trabajan sin contrato representan el 64,5% de la población ocupada en la macro región centro (sin contar Lima y Callao); el 62,6% en el sur; 61,7% en Oriente y 54,7% en el Norte.
El estudio mostró, además, que Ayacucho (82,2%) es la región del país con el mayor porcentaje de jóvenes que trabajan son contrato. Le sigeun Amazonas (72,4%), Puno (70,5%) y Cajamarca (68,8%).
EN LA DIRECCIÓN CORRECTAEl BBVA Research señaló que el nuevo régimen laboral juvenil apunta en la dirección correcta para “romper el status quo” de un mercado laboral rígido que solo concede privilegios a pocos afortunados que tienen un empleo formal, pero genera exclusión, informalidad y pobreza para la gran mayoría.
Como se conoce, el Gobierno ha manifestado que el nuevo régimen laboral juvenil está dirigido principalmente a aquellos jóvenes que no cuentan con formación académica técnica o universitaria ni experiencia profesional. El Estado prevé invertir más de S/.600 millones en la capacitación de este segmento de la población.
“Es importante que no perdamos de vista que las modificaciones a la legislación laboral deben buscar un equilibrio entre los incentivos que propicien un adecuado funcionamiento del mercado de trabajo y la protección de derechos fundamentales. Lo primero genera eficiencia económica y lo segundo permite alcanzar un consenso social que haga sostenible la legislación laboral”, señaló el BBVA Research.
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