(Informe El Comercio/IPE). Durante las últimas semanas, la discusión pública en torno al sistema previsional se ha centrado en el futuro de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Esta opera con un fuerte déficit financiero, el cual requiere transferencias anuales del Estado equivalentes al 0,2% del PBI para completar el pago mensual a sus pensionistas.
Ese déficit, que incluso esconde el costo oculto de aquellas personas que aportaron a la ONP, pero no reciben pensión por no cumplir el mínimo de años de aporte, empeoraría en el mediano plazo conforme al envejecimiento poblacional. Por ello, se analizan los riesgos de mantener el sistema y de transformarlo a uno de capitalización individual –como las AFP– de propiedad estatal.
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ESTADO ACTUAL DE LAS ONP
El SNP es un sistema de reparto, en que el aporte de sus afiliados se destina a un fondo común que financia las pensiones de los actuales jubilados. Por ello, la estructura demográfica de sus afiliados es relevante para su sostenibilidad.
En el 2017, el número de aportantes a la ONP ascendió a más de 1,6 millones, mientras que el número de pensionistas fue de aproximadamente 568 mil. Es decir, había 2,8 aportantes por cada pensionista. Sin embargo, con el envejecimiento de la población, se espera que esa proporción caiga a 0,5 hacia el 2055.
A la fecha, sin embargo, a pesar de que el número de aportantes supera largamente al número de pensionistas, la ONP se encuentra desfinanciada.
Por ello, en los últimos cinco años el Estado transfirió anualmente más de S/1.800 millones para cumplir con el pago de pensiones. Así, la situación solo se agravaría con el cambio demográfico. En esta línea, aproximadamente solo uno de cada tres afiliados recibirá pensión; el resto no cumpliría los 20 años mínimos de aporte.
UNA OPCIÓN: MANTENER LA ONP
El costo fiscal de mantener la ONP se compone de las transferencias para el pago de los actuales y futuros pensionistas. A ello se deben agregar los afiliados que no alcanzan los 20 años de aporte efectivo.
Para este grupo, se considera que el Estado le podría asignar una pensión proporcional a los años de aporte. Es decir, si un trabajador solo aportó 10 de los 20 años exigidos, entonces podría haber recibido la mitad de la pensión mínima (S/207,5).
Así, el costo de mantener la ONP muestra una clara tendencia creciente a partir del 2040, el cual aumentaría de, aproximadamente, 0,6% del PBI en el 2040 a 1,2% del PBI en el 2063.
Además, considerando la pensión nula de miles de jubilados, la pensión promedio de los futuros jubilados sería de S/344 y, si se considera una pensión para aquellos afiliados con menos de 20 años de aporte efectivo, esta aumentaría hasta S/434.
OTRA ALTERNATIVA: CERRAR LA ONP
En un escenario donde cierre la ONP, resulta clave la transferencia de los aportes de la ONP al nuevo esquema. En ese sentido, se ha propuesto un bono de cierre (BC), con un tope máximo de S/80 mil, que estaría en función del aporte previo a la ONP.
Además, se asume que las cuentas individuales de capitalización rentabilizarían 4% real anual y comisiones similares a las que estaban vigentes en el 2017 y que se reducirían en el tiempo.
Los costos para el Estado en este panorama muestran una tendencia decreciente y se reduce desde 0,9% del PBI en el 2017 hasta tan solo representar 0,1% del PBI hacia el 2060. Asimismo, la pensión promedio de los futuros jubilados sería de S/491.
BALANCE
Por los próximos 20 años se estima que el costo de cerrar la ONP superaría el costo fiscal de mantenerla. No obstante, es un esfuerzo necesario para evitar un mayor costo en el futuro dada la insostenibilidad del mecanismo de reparto ante el envejecimiento poblacional. La reducción cada vez más rápida del número de aportes y, en paralelo, un incremento del número de pensionistas se traduciría en un aumento significativo de las transferencias del Estado.
Por otra parte, ante el cierre de la ONP, el costo más importante es el pago de los actuales pensionistas, quienes se irían reduciendo en el tiempo. Sin embargo, los afiliados, sobre todo los más jóvenes, podrían acceder a una mayor pensión –en promedio, 43% mayor– a partir de la rentabilización de su fondo de pensiones. Ello se traduciría también en menores transferencias futuras del Estado.
¿AFP pública?
Como alternativa al sistema actual de la ONP, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de transformarlo en una AFP pública. Si bien el paso a cuentas de capitalización individual es fundamental para la sostenibilidad, la alternativa no deja de tener complicaciones y riesgos.
En primer lugar, por el rol subsidiario del Estado en la economía establecido en la Constitución. Y, en segundo, por una eventual regulación o financiamiento –explícito o implícito– que permita a la AFP pública competir con ventaja frente a las privadas.