La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se pronunció en contra del Proyecto de Ley 2183, presentado por el partido Fuerza Popular (FP), que devuelve al Ministerio del Interior (Mininter) la fiscalización de las promociones comerciales de empresas privadas, la cobranza coactiva por el incumplimiento de las mismas y la confiscación de los premios no reclamados.
El PL, del congresista Octavio Salazar, otorga nuevamente la potestad de autorizar, supervisar, controlar y fiscalizar estas promociones a la Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi).
Como se recuerda, en noviembre del 2016, el Decreto Legislativo 1246 dejó sin efecto que la Onagi ejerza este control. Cuando lo hacía, el trámite implicaba que si las empresas privadas querían lanzar alguna promoción comercial, debían elevar antes a este organismo una solicitud de autorización, junto a una declaración jurada.
LA OPINIÓN DE LA PCM
La Secretaría General de la PCM señaló, a través de una carta, que la autoridad consiera que el PL debe ser archivado; en la medida que el consumidor ya se encuentra protegido de las “promociones de ventas” de manera “ex post” a través de dos vías:
1. La regulación específica sobre la publicidad comercia 2. Las normas específicas sobre protección al consumidor, siendo que la reincorporación de un control administrativo previo para la autorización de “promociones comerciales” fue eliminado mediante el DL 1246.
“Asimismo, el sustento del PL bajo análisis contiene un serio error conceptual, debido a que su exposición de motivos no diferencia ni define los conceptos de promoción comercial y sorteos, siendo que la mayor parte de su fundamentación equipara ambos conceptos”, puntualizó la PCM.