Se tenía previsto que el miércoles 22 de mayo se debata en el pleno del Congreso un proyecto de ley –aprobado por las comisiones de Defensa de Protección al Consumidor y de Energía y Minas– que busca modificar los costos de producción de las centrales generadoras de electricidad.
Sin embargo, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó por unanimidad que el proyecto de ley regrese a comisiones para ampliar el debate sobre los planteamientos.
La iniciativa, que “busca restablecer la eficiencia en generación y precios de electricidad garantizando tarifa justa para el usuario”, fue presentada por el congresista Percy Alcalá, del partido Fuerza Popular.
De aprobarse el proyecto, el costo de producción de las empresas en cuestión ya no solo tomará en cuenta el costo marginal (el de abastecer al último usuario eléctrico) del mercado Spot, sino también deberá declarar en base a sus costos reales. Eso quiere decir que, al momento de calcular el precio, se deberá considerar, adicionalmente, los costos del combustible, puestos en la planta de generación, transporte, distribución y almacenaje, entre otros.
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Según las compañías Enel, Engie y Kallpa, si esta iniciativa es aprobada por el Parlamento, el costo de la generación eléctrica de gas natural sufriría un aumento inmediato de 170% en el precio de la energía en el mercado mayorista de corto plazo. Como consecuencia de los mayores costos de producción, estas compañías proyectan que las tarifas eléctricas aumentarían en 40% para las industrias y en 10% para los hogares.
“Es preocupante que una comisión con competencia para defender los derechos del consumidor intervenga en un tema tan especializado [...] lo cual generará graves perjuicios a consumidores y empresas”, sostuvo Rosa María Flores-Aráoz, CEO de Kallpa Generación.
En tanto, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) opina que esta iniciativa podría incrementar en promedio 150% los costos de producción eléctrica este año, lo cual tendría dos consecuencias principales: un aumento mínimo de 30% en los costos de electricidad para casi mil empresas; y un incremento de 10% para casi ocho millones de consumidores (lo cual coincide con los estimados de Engie, Kallpa y Enel).
Macroconsult señaló que el incremento del precio Spot generado por la norma se trasladará al precio que pagan los usuarios finales por concepto de energía (entre el 40% y el 60% de la tarifa eléctrica total).
MERCADO SPOTEl mercado Spot o de corto plazo es aquel en que los generadores comercializan de forma inmediata al precio de mercado del momento de la compra/venta. Este está a cargo del COES.
Osinergmin también mostró una opinión en contra de este proyecto. “La finalidad que se desprende de la denominación, referida a ‘garantizar una tarifa justa para el usuario’, no se cumpliría con la aplicación práctica de la fórmula legal del proyecto de ley”, indicó el regulador.
Este Diario intentó comunicarse con el congresista Percy Alcalá, pero al cierre de esta edición no respondió.
CONTRAPARTEEn contraste, la empresa distribuidora eléctrica Luz del Sur advirtió que esta norma no tendrá consecuencias en el precio que pagan los usuarios finales.
Esto debido a que la tarifa eléctrica de los usuarios regulados (principalmente, residenciales y pequeños comercios) es fijada por el Osinergmin y se calcula tomando en cuenta, entre otros, los precios de la energía resultantes de licitaciones de largo plazo y de contratos bilaterales.
En este contexto, según la empresa, todas las compañías distribuidoras contratan energía para el mercado regulado con años de anticipación.
“A la fecha, Luz del Sur tiene contratos de suministro para abastecer al mercado regulado hasta el 2027 a precios firmes. Por lo tanto, cualquier modificación de los precios en el mercado de corto plazo no afecta los precios de los contratos de suministro”, indicó la empresa a través de un comunicado.
DISTORSIONESEl ex viceministro de Energía, Pedro Gamio, rescata que el proyecto de ley busque corregir las distorsiones del mercado eléctrico y señala que se debe hacer el esfuerzo de mejorar el proyecto presentado por el congresista Alcalá. “El objetivo [de la norma] es bueno, pero el 'cómo' es importante. Es el 'cómo' el que se debe trabajar con cuidado”.
“[En el Perú] la cancha no es igual para todos los actores en función al rendimiento más eficiente que deben tener, que es la lógica de la ley de concesiones eléctricas en el Perú. [Esta ley] se basa en los costos marginales; es decir, que quienes tienen los menores costos en generación deben mantener un despacho mayor”, subraya Gamio.
Al respecto, Gamio señala que las generadoras no deben declarar costos menores a los reales, debido a que generan una distorsión que afecta al conjunto del mercado eléctrico. Para ello, sugiere que se debe realizar un sinceramiento de los mismos, ya que actualmente el usuario doméstico paga una tarifa eléctrica mayor que el industrial. “Eso no ocurre en un país competitivo que mantiene un desarrollo del mercado eléctrico sano”, asevera.
En cuanto a las posiciones opuestas entre las empresas generadoras y distribuidoras, Gamio considera existe una competencia muy fuerte, que se ha agudizado por un escenario de sobre oferta. “El Estado tiene que garantizar reglas de juego más claras y las mejores prácticas que se siguen a nivel mundial. El Estado no puede ser tan pasivo”, subraya.
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