Presupuesto público 2023 creció 31% en la última década

Casi un quinto del presupuesto se destina a gastos previsionales o de gestión. Se aprobaron gastos adicionales del Congreso por S/1.300 millones con cargo a otras partidas.
"Es importante entender que en el mediano plazo deberíamos lograr una mayor participación ciudadana informada en el presupuesto público", indica Gibu. (Ilustración: El Comercio)

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Esta semana se aprobó el para el 2023 por más de S/214.000 millones. Ese monto representa un incremento real del presupuesto público de 31% en los últimos diez años, por encima del crecimiento del PBI de 24%.

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El 81% del presupuesto inicial 2023 se destinará a gastos no previsionales ni de gestión, es decir, financiará proyectos o actividades con impactos de política. Ese porcentaje ha mostrado una tendencia positiva en los últimos años, lo que demuestra un uso más eficiente de los recursos públicos.

Educación y salud explican casi todo el incremento del presupuesto en el 2023. En contraste, se redujo el presupuesto para la reserva de contingencia, la cual se había incrementado en el 2021 y 2022 para atender la pandemia.

Radiografía de la distribución y ejecución del Presupuesto Público. (Fuente: MEF/Infografía: Raúl Rodríguez)

Los gobiernos subnacionales enfrentan una fuerte diferencia entre su presupuesto de apertura (PIA) y el final o modificado (PMI) debido a que, por un lado, los recursos provenientes de canon y regalías están asociadas al ciclo de precios de las exportaciones y se van añadiendo a lo largo del año.

Carlos Oliva, presidente del Consejo Fiscal, resalta como buena práctica definir los recursos provenientes de la recaudación tributaria desde la apertura, a fin de planificar mejor las inversiones.

El proceso de aprobación no estuvo exento de problemas, principalmente por el requerimiento del Congreso de usar la reserva de contingencia. Si bien al final se respetó el presupuesto total, este tuvo que priorizar gastos por S/1.300 millones. Para Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, esto sienta un mal precedente que debilita la institucionalidad fiscal del país.


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