El último paquete de medidas, diseñado por el Gobierno y enviado en un proyecto de ley al Congreso, se enfoca en diversos puntos en el sector construcción y el negocio inmobiliario. Aunque el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, y el ministro de Vivienda, Milton Von Hesse, han resaltado la importancia de estas iniciativas en la reactivación de la economía nacional, Gustavo Rizo Patrón, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI Perú) cree que aunque son medidas que pueden generar un punto de inflexión, todavía no son suficientes.
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La propuesta que más ha resaltado el Gobierno es el régimen especial de depreciación acelerada para edificios y construcciones iniciadas en el 2014, 2015 y 2016, que pasará de 5% a 20% durante esos años. Pero esta norma no favorece la adquisición de viviendas –como se esperaría–, pues quienes invierten en estas son familias y no deducen impuestos. En cambio, sí resulta positiva para quien compra activos fijos: oficinas, locales comerciales o plantas industriales. El tributarista Jorge Picón explica que las empresas que inviertan van a poder depreciar sus compras en cinco años en lugar de veinte, aunque esto no genera una reducción de impuestos, sino que posterga el pago. Pero “la norma es irrelevante para que una persona compre un inmueble, y lo es también para la inmobiliaria porque no se deduce ni un centavo de lo que se vende”, opina Picón.
Rizo Patrón añade que al tener las empresas mejores condiciones para comprar inmuebles se liberará parte del stock que las inmobiliarias tengan, lo que moverá el sector. “Pero al desarrollador no le genera un beneficio inmediato, salvo el tener un comprador más motivado”.
Jorge Picón afirma que con esta norma no se está haciendo una promoción de la vivienda. Mientras que Eric Rey de Castro, director gerente de Colliers en el Perú, cree que esta iniciativa sí incentivará al sector, pero que esta es una industria que requiere del largo plazo para ser exitosa y para eso lo importante es que el país no deje de mostrar señales de confianza y estabilidad. “El mercado de oficinas se acerca a la fase de sobreoferta y la demanda no está acompañando las expectativas de los desarrolladores. En este sentido, son otras variables las que dinamizarán este mercado, por ejemplo la llegada de más inversiones”, dice el especialista.
IMPACTO LIMITADOEstas medidas no atacan directamente los problemas que en opinión de las inmobiliarias han desacelerado la venta de viviendas: la excesiva burocracia y la lenta y más exhaustiva aprobación del financiamiento para los compradores.
Por ejemplo, el proyecto de ley establece que el Ministerio de Vivienda tendrá a su cargo la elaboración del Registro Nacional de Revisores Urbanos. La opinión de estos especialistas agilizará la emisión de licencias de habilitación o edificación, algo que los municipios no han podido gestionar en menor tiempo, alegando sobre todo falta de presupuesto y de personal. Por eso los revisores, quienes podrán dar servicios como personas naturales o jurídicas, suplirán esa labor y evaluarán los expedientes para luego elevar sus comentarios a las oficinas ediles.
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