Fijar la remuneración mínima vital (RMV) de acuerdo a las diferencias de cada sector productivo y cada región del país es una iniciativa que la Cámara de Comercio de Lima (CCL) espera que sea determinada por la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE).
De acuerdo al Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL, dicha comisión tienen tareas pendientes, como precisar los parámetros en los que se enmarcará futuros incrementos del sueldo mínimo.
“Para nosotros es fundamental una remuneración diferenciada por actividad económica e incluso por zona geográfica, porque permitirá coadyuvar a la reducción progresiva de los altos niveles de informalidad económica, en general, e informalidad laboral y subempleo, en particular”, indicó César Peñaranda, director ejecutivo de dicho organismo.
Y es que en el Perú hay una población de 650.000 trabajadores formales -iguales al 5% de la PEA ocupada- cuyo 90% corresponden al sector privado. “Se puede deducir que solo alrededor del 16% de los trabajadores formales reciben la remuneración mínima vital“, indicó Peñaranda.
¿AUMENTO DE SALARIO MÍNIMO?
Además, el IEDEP consideró que en la actualidad existe una brecha entre el salario mínimo fijado por el Estado y lo que efectivamente pagan las empresas.
En ese sentido, Peñaranda destacó que hay sobrecostos laborales que no responden necesariamente a un incremento en la productividad de los trabajadores.
“Por ejemplo, si un trabajador del sector industrial tiene un salario mínimo de S/.750, generará que la empresa desembolse en la práctica S/.1.231, pues hay que adicionarle los reconocimientos por la aplicación de leyes sociales -CTS, gratificaciones- y aportaciones -EsSalud, SCTR, entre otros-”, apuntó.
De acuerdo a ese cálculo, el miembro de la CCL explicó que el empleador asume un 64,2% adicional sobre el salario. “Si en caso el trabajador labora en el turno de noche, este desembolso adicional alcanza el 116,5%”, detalló.
Por ello, añadió que los incrementos que no responden a un incremento en la productividad del trabajador son contraproducentes al proceso de mejora de las condiciones de empleo pues se pierde competitividad.
“Aumentar el salario mínimo sin un análisis previo generan más rigidez en el mercado laboral y a la larga mayor informalidad, porque terminan afectando sobre todo a las mypes con actividades económicas de baja productividad, las cuales se estiman en alrededor del 58% del total de las mypes formales”, puntualizó el directivo.
Entonces, Peñaranda exhortó a avanzar en la flexibilización del mercado laboral, eliminar los sobrecostos y reducir la brecha entre lo que percibe el trabajador y lo que efectivamente paga el empleador.
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