La Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (SBS) invocó hoy al Pleno del Congreso de la República aprobar antes del 1 de junio próximo el proyecto de ley 1161/2016, que le permitiría supervisar y regular a las Cooperativas de Ahorro y Crédito (Coopac). Esto ya que actualmente se encuentra en el país el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), entidad que evalúa las mejoras en el control de lavados de activos de los países.
Según explicó la jefa de la SBS, Socorro Heysen, las conclusiones que obtenga Gafilat podrían influir en el ingreso del Perú en listados internacionales de países con serias deficiencias en sus sistemas de prevención de lavado de activos en el sistema financiero. Además, podría aumentar el Riesgo País y podría, por ende, ahuyentar inversiones.
“Quiero pedirle al Congreso de la República que discuta y apruebe el proyecto de supervisión de Coopac. La misión de Gafilat se va del país el 1 de junio y esperamos que antes de este tiempo el país pueda contar con una ley de supervisión, porque es un elemento importante para la evaluación. Hace 10 años recibimos esta recomendación y no hemos logrado contar todavía con esta ley”, señaló Heysen.
ESLABÓN DÉBIL
De acuerdo a información de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fenacrep), actualmente existen 671 Coopac identificadas. De estas, 520 no son supervisadas por ningún organismo, es decir, 77%.
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En ese contexto, según explicó Heysen, existe un sector de cooperativas cuestionadas “que aparecen y desaparecen y ya han estafado y se van moviendo de lugar para volver a estafar sin ningún control”. En este sentido, surgen las sospechas de estar involucrados en lavados de activos.
“Aún con toda la escasez de información que tenemos con respecto al sector financiero, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, a partir del 2007, se han remitido a la Fiscalía 40 informes de inteligencia y hay actualmente 21 cooperativas que están investigadas en el lavado de dinero”, confirmó la jefa de la SBS.
Cabe resaltar que en el VRAEM, en donde hay 190 Coopac identificadas, solo 24% son supervisadas.
Por otro lado, de las 151 Coopac que sí son supervisadas, estas mueven alrededor de S/11 mil millones, de los cuales S/9.500 son depósitos. “Eso representa el 25% de todo aquello que es el movimiento microfinanciero”, comentó Oscar Basso, Superintendente Adjunto de Asuntos Internacionales.
SBS COMO REGULADOR
La ley presentada por la SBS está pendiente a ser discutida en el Pleno desde fines del año pasado, tras la aprobación de la Comisión de Economía y de la Comisión de Producción del Parlamento.
Como fue mencionado, el proyecto permitiría a la SBS supervisar a las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Esta designación, según Heysen, es también compartida por el Consejo Mundial de Cooperativas (WOCCU, por sus siglas en inglés).
“Las Coopac deben ser reguladas y supervisadas por un organismo especializado en la supervisión del sistema financiero. La SBS ya tiene experiencia ganada en regulación de Coopac, en supervisión de finanzas y ha sido evaluada y aprobada por organismos internacionales por la calidad de su gestión”, sostuvo Heysen.
Al respecto, según información del Ministerio de Economía y Finanzas, Ecuador y Colombia son los dos países latinoamericanos en donde reguladores del sector sin especialización han sido elegidos coo los supervisores, lo cual ha llevado a una serie de problemas fiscales al país.
PROYECTOS EN COMPETENCIA
Ayer fue presentado ante la Comisión de Constitución el proyecto de ley 285, por la congresista Úrsula Letona (Fuerza Popular). La propuesta tiene como objetivo crear la superintendencia de entidades solidarias como nuevo organismo constitucional autónomo que se encargaría de regular las cooperativas de ahorro y crédito y todas las demás.
Esto obligaría a modificar la Constitución vigente para transferir y ampliar para nueva entidad los alcances de fiscalización de la SBS en materia de cooperativas.
Uno de los cuestionamientos de la SBS al respecto es que la propuesta, al exigir un cambio en la Constitución, podría tomar muchos años en ser implementada, además de generar costos para el Estado.
“El proyecto incluye la construcción de nueva infraestructura, contrataciones, tiene que ser presupuestada e implementada, es decir, una serie de elementos que para que madure se puedan tomar varios años, cuando se tiene hoy esta propuesta que tiene efectos inmediatos una vez aprobada”, consideró Basso.
Al respecto, la congresista Letona consideró que no tendría problemas con que la SBS supervise a las cooperativas “como ha debido hacer hasta el día de hoy”, hasta que se apruebe su proyecto, que se implementaría aproximadamente en el 2020 para luego sacar una norma de desarrollo constitucional.
“Hace 14 años que le están poniendo mil trabas a la necesidad de regular. Creo que el proyecto de regular solo a las Coopac podría ir avanzando en paralelo. Independientemente de esto, tenemos que avanzar una reforma constitucional para crear una institución autónoma que regule a todas las cooperativas y no solo a un grupo específico”, afirmó a El Comercio la congresista Letona.
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