Los sobrecostos laborales del país se encuentran entre los más altos de América Latina y destacan principalmente si se les compara con los de los demás países miembros de la Alianza del Pacífico, informó hoy el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
Las empresas asumen hasta un 60% de estos sobrecostos debido a la rigidez de la actual legislación laboral, una de las que mayores beneficio otorga en la región y que es uno de los principales factores que impiden la formalización y le restan competitividad al sector productivo, dijo César Peñaranda, director ejecutivo del instituto.
A diferencia de Perú, estos gastos en países como Colombia, México y Chile alcanzan el 54%, 36% y 32%, respectivamente, añadió el ejecutivo.
CRITICA LA REGULACIÓN
Dentro de estos, cuestionó que la legislación peruana establece que los empleadores deben asumir anualmente el pago de dos gratificaciones, un mes de vacaciones, contribuciones al seguro de salud y el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), entre otros beneficios.
“Esto quiere decir que además del pago por el trabajo efectivo, el empleador debe aportar adicionalmente el 60% de la remuneración para cumplir con lo establecido en la regulación laboral, convirtiéndose en un sobrecosto laboral”, indicó.
Por tal motivo, Peñaranda consideró que las normas de protección del empleo constituyen impuestos a la reasignación de la mano de obra, lo que los convierte de alguna forma en impuestos a la productividad, pues una tasa elevada induce a las empresas, por un lado, a menores despidos en épocas de recesión y, por otro lado, a un menor incentivo para contratar más trabajadores en periodos de expansión económica.
“Una norma que busca 'proteger' a los que tienen empleo, termina perjudicando a los que no lo tienen”, remarcó Peñaranda.
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