La denuncia planteada por el ex presidente de Minera IRL Limited Jaime Pinto sobre el pago de sobornos a funcionarios del Ministerio de Energía y Minas ha generado molestias en esa entidad. La ministra Rosa María Ortiz convocó a El Comercio para expresar su extrañeza.Follow @PortafolioECpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');
“Hemos investigado la denuncia y no se ha presentado ante la Cuarta Fiscalía ningún elemento de prueba que permita afirmar que existe algún acto de corrupción por parte de funcionarios de nuestro sector. Ni siquiera se menciona al funcionario o funcionarios que habrían sido sobornados”, afirmó.
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“Es una denuncia entre los directivos de una empresa que sabemos que están en conflicto entre ellos. No sé por qué arrastran en sus pleitos a funcionarios del ministerio. Deberían medir la magnitud de la denuncia. Hay que rectificarse”, añadió.
-Es la denuncia de un ex presidente de una empresa que dice que sus ejecutivos han sobornado a funcionarios del MEM.Cualquiera puede denunciar, pero por seriedad, debería presentar pruebas y nombres de los funcionarios acusados. Aquí partimos del principio de presunción de inocencia de todos nuestros funcionarios. Y aquí no tenemos favoritismos. Pero ya abierta la investigación, daremos todas las facilidades a las investigaciones que tuviera a bien realizar la fiscalía. Si se determina algún tipo de responsabilidad penal o administrativa, procederemos con todo el peso de la ley, como corresponde.
-¿Ustedes van a investigar también el caso?No nos corresponde porque la fiscalía ya inició el proceso. Nos hubiera gustado que el señor [Pinto] se acercara primero al ministerio a denunciar a nuestros funcionarios. Así habríamos podido iniciar un proceso administrativo. Pero habríamos necesitado que nos mencione los nombres de los funcionarios implicados. Ahora mismo, ¿a quién investigaría si hay 50 funcionarios en la Dirección de Asuntos Ambientales?
-Ollachea deben haberlo visto menos funcionarios.No, porque se trabaja en equipo de 12 funcionarios, en promedio. Y son 4 expedientes y no siempre las mismas personas ven los expedientes de una misma empresa.
-Al MEM también lo critican por favorecer a Luz del Sur.Ese es otro problema entre grupos empresariales que se motiva por una licitación que no es del MEM sino de Pro Inversión.
-¿Por qué se rompió la prohibición de integración vertical en el sector?Eso no fue en mi gestión ni en este gobierno.
-Si está mal, ¿podrían corregirlo?Yo consulté con Pro Inversión y ellos dijeron que consideraban que no había tal integración si Luz del Sur adquiría Santa Teresa.
-Ahora se le permite postular a Quillabamba.Sí, la han calificado, pero no es la única, también a Enel, que es otra empresa integrada.
-¿Qué opina sobre la integración vertical en el sector eléctrico?Hemos dicho que no hay inconveniente si se opera con empresas distintas, que pase el filtro de Indecopi y que la distribuidora adquiera su energía en procesos de licitación, es decir, en igualdad de condiciones que el resto.
-¿Hay forma de garantizar eso?Si con Enel está funcionando, entonces no tenemos por qué prohibir la integración, pero si las reglas de juego son iguales para todos.
-No ha habido favoritismoJamás, nosotros cuidamos los intereses de la población.
-La población se opone a proyectos mineros como Conga o Tía MaríaEse es un tema social y no es la población. Conga esta parado, no se ha vuelto a tocar. En Tía María creo que la empresa no supo socializar su proyecto. El segundo EIA que han presentado establece claramente que los riesgos están controlados, pero les sigue faltando socializar su proyecto.
DENUNCIAJaime Pinto dijo que ha basado su pedido de investigación en denuncias anónimas recibidas a través de una línea manejada por EY. Tales versiones hablan de un “evaluador de hidrología”.
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