Hace una década, tras una elección entre opciones ideológicamente muy distintas, se optó por la continuidad en uno de los ministerios más importantes del país: el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esto ratificó la credibilidad del buen manejo fiscal, construida durante años, y viabilizó con relativa razonabilidad muchas de las propuestas realizadas durante la campaña. Por ejemplo, se crearon programas sociales respetando el equilibrio presupuestal y se modificó el régimen tributario para la minería preservando la competitividad y la seguridad jurídica. En esta ocasión, lamentablemente, estamos ante un caso muy distinto en el que a escasos días de 28 de julio no hay presidente proclamado ni proceso de transferencia en curso, y mucho menos claridad sobre el programa de gobierno que se pretende implantar.
En cada entidad del Poder Ejecutivo, la transferencia de cargo tiene dos objetivos: brindar una evaluación de la gestión saliente e identificar un conjunto de temas críticos que requieren la atención del gobierno entrante. Durante este relevo gubernamental no habrá suficiente tiempo para la revisión detallada por parte de los equipos que se designen. En lo formal, este es un proceso complejo en vista de que las 369 unidades ejecutoras del Gobierno nacional mandan sus informes e información a su pliego respectivo, que luego la consolida cada ministerio.
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En el caso del sector economía, aparte del MEF hay seis organismos públicos adscritos y 13 unidades ejecutoras. Más allá de las formalidades, lo más importante es evitar una disrupción en la conducción de las actividades de la administración pública. A esto se suma la usual recomposición del personal que labora en las entidades públicas. Solo en el MEF hay como 300 posiciones, entre directivos y personal de confianza, que podrían ser cambiadas, lo que eventualmente afectaría su funcionamiento. Como se ha podido constatar en los últimos años, la elevada rotación de funcionarios ha pasado una enorme factura al país por la inacción estatal y la consiguiente parálisis de un enorme número de obras y decisiones de gobierno.
Además, la atención de los temas urgentes no da tregua. En el más breve plazo hay un conjunto de temas delicados cuya gestión demandará un manejo fino y oportuno del nuevo inquilino del despacho del jirón Junín. El primer paso evidentemente será tomar conocimiento de los temas más críticos, muchos de los cuales enfrentan plazos legales y cuyo manejo se torna imprescindible. En este sentido, destacan cuatro asuntos urgentes, esto sin incluso considerar las prioridades de política que el gobierno trace para el quinquenio que se inicia ni las medidas para reactivar la economía nacional.
Priorización
Primero, la decisión de observar o promulgar las autógrafas de ley pendientes de la legislatura anterior. Según información pública del Congreso de la República, en la primera quincena de julio hay más de 30 autógrafas de ley pendientes de promulgación u observación por parte del Ejecutivo. Si bien muchas de estas iniciativas normativas son inocuas al ser meramente enunciativas, otras tienen gran incidencia económica y social. Dados los plazos legales que tiene el Ejecutivo para pronunciarse, es probable que algunas leyes queden pendientes de aprobación. Con la actividad legislativa de los últimos días de la legislatura que culmina, se esperaría que una docena de autógrafas en materia económica de diversa importancia sea heredada por la próxima administración, lo que demandará su máxima y prolija atención.
Segundo, en un plazo constitucional de 30 días, el nuevo gobierno deberá revisar el borrador de anteproyecto de la ley de presupuesto para el 2022. No solo puede cambiar la composición de las partidas presupuestales para ajustarse a las nuevas prioridades, sino que el MEF entrante tendrá que ratificar los supuestos contenidos en el Marco Macroeconómico Multianual y los ingresos fiscales estimados. De lo contrario, tendrá que plantear medidas de política tributaria que necesariamente deberán ser aprobadas por el Congreso en lo que resta del año para sustentar una mayor expansión del gasto público el año entrante.
Otra decisión trascendental será la que se adopte respecto a la vigencia de las reglas fiscales, que están suspendidas hasta fines de año. Si no se adopta un plan creíble que permita una gradual reducción del patrón ascendente de la deuda pública que estabilice las finanzas públicas, se estaría corriendo el riesgo de que las agencias de rating reduzcan la calificación crediticia del país. Este riesgo marcaría un punto de inflexión en el manejo fiscal del Perú y sería una señal muy negativa para los inversionistas internacionales y el ambiente de negocios en general.
Por último, el Perú cuenta con 10 arbitrajes internacionales en trámite. Si bien existe una comisión multisectorial a cargo de este proceso, presidida por el MEF, el entendimiento del nuevo ministro es fundamental. Esto es clave al tratarse de procesos muy complejos y que representan eventuales contingencias millonarias para el fisco. Por ejemplo, las pretensiones en los casos de Renco/La Oroya y Gramercy/bonos de reforma agraria ascienden a US$1.600-2.000 millones y US$2.000 millones, respectivamente. En este sentido, se torna fundamental dotarle de continuidad a la estrategia de defensa legal del Estado y evitar presiones políticas que perturben el proceso arbitral supranacional en curso.
Estamos pues ante una situación inédita en la que es necesario que el Gabinete saliente facilite una transferencia ordenada y completa. Esto permitirá un adecuado manejo de contingencias y el cumplimiento de los compromisos de Estado. Pese a las promesas de cambios, no podemos olvidar que el bienestar ciudadano depende de que la administración pública siga operando y cumpla a cabalidad con sus funciones.
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