El presidente Donald Trump promulgó el pasado viernes en Estados Unidos la más compleja y profunda reforma tributaria de los últimos 30 años, que contempla como ejes centrales reducir el impuesto a las empresas de 35% a 21%, migrar hacia un sistema territorial en línea con la tendencia mundial (renunciando a gravar dividendos de subsidiarias que operan en el exterior) y aplicar incentivos para la repatriación de millonarias utilidades retenidas en el extranjero (muchas en paraísos fiscales).
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El fuerte recorte impositivo promovido por Trump es el mayor desde el de 1986 del gobierno de Ronald Reagan. Tiene como propósito estimular la inversión y atraer capitales (que hoy están fuera del país debido a la alta carga fiscal) para reactivar la actividad económica, acelerar el crecimiento anual por encima del 3% y aumentar el empleo. Sin embargo, los líderes demócratas del Congreso rechazan la medida, pues consideran que solo beneficia a los ricos, amenaza con sumar miles de millones de dólares al déficit y pone en peligro la seguridad social y los servicios de salud.
Pese a ello, la Cámara Baja y el Senado aprobaron el proyecto de ley y lo enviaron al mandatario para su promulgación. Esta normativa no solo tendrá un impacto en la economía norteamericana. Tal como ha sido diseñada, las consecuencias para muchos países emergentes, entre ellos el Perú, serían muy significativas.
Una de las principales preocupaciones es que afectará la competitividad de países que mantienen tasas impositivas más altas, como el Perú (29,5%), Colombia (34%) o Brasil (34%), haciéndolos menos atractivos para los inversionistas internacionales. Se estima que ello podría desencadenar una salida masiva de capitales hacia el mercado estadounidense y reducir los flujos de inversión extranjera directa.
Para complicar más las cosas, potencias como China y Japón podrían seguir los pasos de Estados Unidos. De hecho, el Reino Unido ya ha anunciado su intención de rebajar el impuesto corporativo de 20% a 17% para el 2020, mientras que Francia y Holanda vienen evaluando iniciativas legislativas en ese sentido, siendo solo cuestión de tiempo para que otras economías desarrolladas hagan lo mismo.
Sin ir tan lejos, en Argentina, el gobierno de Mauricio Macri también ha propuesto bajar gradualmente hasta el 2021 la tasa del impuesto de 35% a 25% para las empresas que reinviertan sus utilidades, como parte de un paquete que busca impulsar el crecimiento económico.
Todo ello agarra al Perú mal parado en medio de una grave crisis política que podría afectar por sí misma la inversión privada y frenar la recuperación económica. Esperemos que pasado el temporal se adopten medidas que nos permitan enfrentar de la mejor manera esta guerra de impuestos, que hará que la competencia entre países por captar nuevos inversionistas sea cada vez más reñida.
(*) Este artículo fue elaborado por Marcial García, socio de Impuestos de EY
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